En el Ministerio de Gobierno no saben cuándo enviarán a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que apunta a prohibir el funcionamiento de los prostíbulos en la provincia. El titular del área, Adrián Cuevas, había manifestado que la propuesta se iba a mandar en la segunda semana de abril, pero los plazos se estiraron y el miércoles, al ser consultado sobre el tema, no precisó fechas y dijo que la intención es “cuanto antes”. El funcionario manifestó que se están “aceitando” diferentes aspectos, analizando cuestiones legales y que se están consultando con otras áreas.
El paso legislativo es clave para que el proyecto sea estudiado y aprobado, y se ponga en práctica la eliminación de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o establecimientos similares en los que se ejerza la prostitución. La medida fue impulsada por el gobernador José Luis Gioja, en el marco de la lucha contra la trata de personas, que es el delito en el cual se capta a mujeres de distintas edades y de diferentes lugares, se las traslada dentro o fuera del país y se las oculta para someterlas a la explotación sexual u otros fines. La propuesta está en sintonía con el Gobierno nacional, que modificó la ley de trata para profundizar los mecanismos para erradicar esa actividad. El disparador fue el caso de Marita Verón, la joven tucumana que desapareció hace diez años y cuya madre, Susana Trimarco, se convirtió en un emblema de la batalla contra este delito. El tema está entre los primeros lugares de la agenda del Gobernador, al punto que lo incluyó en su mensaje a los diputados durante la apertura del período ordinario de sesiones. El interés oficial se acentuó luego de que en abril del año pasado la Policía Federal investigara y detuviera a 24 sospechosos de pertenecer a una organización que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres y que funcionaba en San Juan, Mendoza y San Luis. A los pocos días se conoció que en Mendoza fueron rescatadas 3 mujeres sanjuaninas presuntas víctimas de la trata de personas (ver aparte).
En el Ministerio de Gobierno vienen trabajando desde diciembre en la redacción de la propuesta y hubo un intento de que ingrese al recinto legislativo en abril, según manifestó Cuevas en su momento. Sin embargo, no hubo novedades. El ministro señaló que “se está trabajando” sobre el tema, que el proyecto se encuentra en la Secretaría General de la Gobernación y que se están analizando aspectos legales. En ese sentido, expresó que “se están aceitando diferentes cuestiones que hacen al cierre definitivo de estos establecimientos”. Además, manifestó que se “está cursando el informe con el área del Ministerio de Desarrollo Humano para trabajar diferentes criterios”, y que están elaborando “la constitución de las comisiones pertinentes”. Al ser consultado sobre cuándo lo mandarán a la Cámara, el funcionario no brindó una fecha y dijo que “cuanto antes”.
Además de las prohibiciones de todo tipo de prostíbulos, el proyecto contempla sanciones que apuntan tanto a los que lucran con estos locales como a los clientes, al igual que no se permitirá la explotación de la prostitución, hayan prestado o no las personas explotadas o prostituidas su consentimiento. Las penas serán de arresto hasta 60 días, según lo decida el juez que intervenga en la causa, los cuales serán de cumplimiento efectivo y no podrán ser reemplazados, por ejemplo, por el cumplimiento de tareas comunitarias. También habrá una multa de 300 JUS, que son las unidades arancelarias que equivalen a 10 pesos cada una, es decir, que alcanzan los 3.000 pesos.
Otro punto que se encuentra dentro del borrador de la norma es la creación del Consejo Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, el cual tiene como objetivo brindar asistencia a las víctimas del abuso y la explotación sexual.