Unos 700 asambleístas de Gualeguaychú marcharon ayer contra la papelera UPM, ex Botnia, protesta que incluyó un corte por dos horas de la emblemática ruta 136 que une Argentina con Uruguay, tras lo cual renovaron el plan de lucha para todos los domingos de setiembre y aprobaron uno nuevo que incluirá una marcha a Plaza de Mayo en Buenos Aires y otra a Fray Bentos.
La ruta 136 se mantuvo cortada durante más de tres años hasta que los asambleístas decidieron efectuar una tregua de 60 días liberando el paso hacia Uruguay, aunque ahora encaran otros métodos de protesta contra la pastera.
Tras una asamblea realizada a la altura de Arroyo Verde, los asambleístas resolvieron realizar una marcha a Plaza de Mayo, a la embajada de Uruguay en Buenos Aires y a la ciudad de Fray Bentos para "rechazar los dichos del canciller uruguayo, Luis Almagro, quien afirmó que es imposible desmantelar la pastera UPM (ex Botnia)", indicaron en una proclama. Aún resta determinar la fecha para la protesta.
Por otra parte, ratificaron su decisión de efectuar asambleas en la ruta 136 todos los domingos de setiembre, tal cual lo acordado en la última asamblea ampliada.
En la proclama también indicaron que "es necesario realizar un balance" de todo lo actuado en su lucha contra la pastera y "darlo a conocer a la sociedad".
Uruguay prohibió la realización de manifestaciones contra la fábrica en su territorio, pero los ambientalistas se proponen organizar allí charlas de "concientización" sobre la contaminación que, afirman, está causando la planta finlandesa.
Con la medida de protesta de ayer, la Asamblea de Gualeguaychú retomó los cortes de ruta tras la tregua de dos meses que dispusieron para permitir que los gobiernos de Argentina y Uruguay acordaran un monitoreo conjunto del río, que se está poniendo en marcha y que incluirá no sólo a UPM, sino a todas las empresas situadas en ambas márgenes. La Asamblea, por medio de la proclama que leyó la ambientalista Paola Robles, advirtió a los gobiernos de ambos países que está "en sus manos" finalizar el conflicto y se quejaron por la judicialización de la protesta iniciada en junio pasado por la gestión de la presidenta Cristina Fernández.
Los manifestantes exigieron al gobierno argentino que explique "a qué fueros recurrirán para plantear el reclamo sobre la contaminación atmosférica" y del "impacto socio-económico en la región" que habría causado la pastera. La Asamblea Ciudadana reiteró que, "mientras Botnia-UPM siga allí envenenando" la región, el "conflicto seguirá abierto", y se quejó porque el Gobierno no ha aportado "resultados concretos" pero, en cambio, "vuelve a dilatar los tiempos.