En la fecha se cumplen tres años de la sanción de la ley nacional que estableció, como política de Estado, la integración física del territorio continental argentino con la provincia insular de Tierra del Fuego, para lo cual se debía establecer una conexión marítima por aguas jurisdiccionales, evitando de esta manera el actual tránsito vehicular por jurisdicción chilena.
La norma fue sancionada por unanimidad por ambas Cámaras del Congreso y promulgada 19 días después por la Presidenta, remarcando la prioridad de los objetivos planteados en el proyecto. De esta manera se estableció la conexión marítima entre las provincias de Santa Cruz y de Tierra del Fuego a través de buques portarodantes y determinar este tráfico entre los puntos más apropiados en orden a la menor distancia posible a recorrer. Además, se dispuso la continuación de la Ruta Nacional Nº 40, que ahora nace en Cabo Vírgenes y termina en La Quiaca, con una extensión dentro de Tierra del Fuego, fijando el nuevo kilómetro cero en la ciudad de Ushuaia.
Con las obras previstas en ambas costas argentinas, se esperaba superar definitivamente el tedioso y complicado tránsito actual por territorio chileno, atravesando cuatro puestos fronterizos. Pero hasta ahora nada ha cambiado, no hubo ningún avance no obstante la importancia del nexo, al tratarse de un reclamo de larga data y recientemente reactivado por el Gobierno nacional. Para ello el Ejecutivo destinó un fideicomiso de mil millones de pesos para analizar la viabilidad de la obra reclamada, es decir, la ley y el decreto financiero es lo único que existe para comenzar a estudiar la mejor manera de evitar la dependencia extranjera para unir nuestro territorio.