San Juan, 20 de mayo.- La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (popularmente conocida como "Ley de Caducidad" y llamada peyorativamente "Ley de Impunidad" por sus detractores), es una ley vigente en Uruguay mediante la cual se estableció la amnistía de los "delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".
De esta manera, víctimas, familiares o particulares con intenciones de denunciar o enjuiciar a los represores que actuaron durante la dictadura que asoló a la hermana República de Uruguay desde el 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985, no pueden hacerlo.
Si bien no es idéntica, sus efectos son similares a Ley de Obediencia Debida, sancionada 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y derogada en 2005, por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner. Las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), junto a los indultos otorgados por Carlos Menem (1989-1990), se conocieron como las leyes de impunidad, mismo adjetivo que utilizan hoy los orientales.