Lo ocurrido esta semana con la Policía de San Juan es verdaderamente extraño, y dispara cientos de lecturas: la inusitada reacción de miembros de la Fuerza por supuestos malos tratos de parte de algunos miembros de la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión y la posterior acción del jefe de la Policía Abel Hernández a favor de esas quejas, situación que desencadenó su renuncia redactada, pero no presentada al menos hasta el viernes pasado, estuvieron en boca de toda la Policía y varios actores políticos. En el medio hay otros hechos que pueden o no tener que ver con la inusual reacción policial: un cambio en el manejo de los vales de combustible y el pedido de detención a Juan Carlos Turón quien, junto a otros expolicías, está acusado de delitos como torturas y detenciones ilegales previo y durante la última dictadura militar. Turón fue activo y decisivo actor en las protestas policiales de diciembre pasado, no hay que olvidarse de eso. En definitiva, demasiadas sospechas y pocas certezas. El ministro de Gobierno Adrián Cuevas, de quien depende la Policía, reza para que la situación no siga desbordando, porque va a perder a otro jefe policial a menos de un año de haber cambiado de hombre en ese importante puesto político.
La Subsecretaría de la polémica se creó en 2013, es encabezada por el abogado Mauricio Solano e integrada en buena parte por policías de Asuntos Internos, la dependencia que se encargaba de controlar e investigar a los miembros de la Fuerza. Desde que arrancó despertó quejas de parte de los uniformados, ya que es controlada por un civil y no por uno de ellos como era antes. Lo hicieron así para evitar influencias sobre las personas que trabajan allí y es una modalidad que ya funciona en otras provincias como Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Salta y Neuquén.
La historia de esta protesta policial arrancó el sábado 20 de septiembre en los controles que hace la Policía por los festejos antes y durante el Día de la Primavera. Cuentan distintos efectivos que alguien de la Subsecretaría que dirige Solano se dirigió en público de muy mala forma a un grupo de policías. Esa escena y otras similares, según el argumento de los uniformados enojados, desencadenó una serie de reclamos internos que fueron a parar a oídos de Abel Hernández. El tema se lo planteó Hernández a Cuevas en una reunión de tres horas que hubo el lunes pasado en el Centro Cívico y el ministro, aparentemente, terminó aceptando cambios en la dependencia de Solano, que era el pedido del Jefe. Cuatro días después, esas modificaciones no se hicieron y por eso Hernández redactó su renuncia y la del Subjefe. Según cuentan distintas fuentes, no la hizo llegar a destino usando un argumento extraño: +No había nadie que me la reciba en el Centro Cívico, era viernes a la tarde+, le habría dicho a gente de su entorno. Cualquiera puede deducir que el pretexto es cuanto menos cuestionable y hasta increíble. Si de verdad quisiera irse no hace falta firmar ningún papel, hace falta llamar a Cuevas o al gobernador José Luis Gioja, quien a diferencia del Ministro, sí atiende su teléfono celular con frecuencia. Gioja está al tanto de la situación y hasta el momento no ha hecho más que escuchar las distintas campanas. Puede o no haber novedades en los próximos días, todo dependerá de las negociaciones y las habilidades de Cuevas, siempre y cuando el Ministro quiera que Hernández continúe en la jefatura, obvio.
Hay en el Gobierno quien piensa que esto es una reacción porque han cambiado el manejo de los vales de combustible, nada más y nada menos. Y no descartan tampoco que sea una respuesta al pedido de detención a los expolicías involucrados en delitos de la dictadura. Sería demasiado cinematográfico pensar semejante cuestión, sobre todo la última versión, porque sería admitir que hay redes de policías corruptos que responden a otros intereses que no son los del Gobierno, pero ante el desconcierto, es una lectura posible.
¿Qué hará el Ministro de Gobierno? Hasta el viernes la situación se manejaba en calma, y ninguna fuente quiso atender los teléfonos ayer. En el Gobierno esperan que sea una tormenta policíaca más de las tantas que los medios terminan no revelando por la difícil tarea de encontrar en la Policía una fuente confiable que no opere para un lado u otro de manera tendenciosa y hasta maliciosa. No se sabe hasta dónde están dispuestos a negociar en el Gobierno ni tampoco si quieren bancar o no a Hernández. Por ahora, como dice el título de esta nota, hay final abierto. Ojalá el Ministro de Gobierno termine evadiendo los zarpazos, que parecen muchos y de varias partes porque de eso dependerá la escalada policíaca.