El registro de identificación genética que se creó en la provincia está pensando inicialmente para que incluya sólo a abusadores y violadores, pero la Corte de Justicia ahora lo quiere ampliar con personas condenadas por otros delitos.
El plan es incorporar también a los penados por homicidios, lesiones graves y ladrones, para que sus muestras de ADN puedan ser comparadas con las que se rescaten en la escena del crimen. El máximo tribunal está trabajando en un proyecto, en momentos en que el tema se ha convertido en motivo de una fuerte polémica: el registro se creó hace dos años, sigue sin aplicarse y desde la Cámara de Diputados acusan a los cortistas de no tener ‘voluntad de hacerlo‘.
La base de datos con el perfil genético de abusadores sexuales y violadores fue creado por ley en noviembre de 2009 con la finalidad de resolver delitos contra la integridad sexual y su implementación depende de la Corte de Justicia. Sin embargo, nunca se puso en marcha. La autora de la norma fue la diputada basualdista Lucía Sánchez, que hace poco salió a pedir explicaciones y en tono de queja disparó: ‘Ya llevamos dos años que esta ley está vigente‘.
Ayer, el cortista Abel Soria Vega explicó que la falta de aplicación no es por mala voluntad, sino a que no cuentan con la aparatología y el software para comparar el perfil genético de todos los condenados por violación con las muestras que se recojan en la investigación de un delito de similares características. Y aseguró que han encargado un estudio a un especialista, para que les diga qué tecnología necesitan y cuánto cuesta.
Pero eso no es todo. El magistrado dijo que en la Corte están elaborando un proyecto que modifica la ley, para que el registro no sea únicamente de violadores. ‘Sería muy útil para la resolución de causas que se agreguen las muestras de personas que sean condenadas por otros delitos‘, opinó Soria Vega.
El fundamento que dio Sánchez en su momento fue que los violadores suelen reincidir y que este tipo de delitos va en ascenso en la provincia. De ahí, la idea de comparar muestras de ADN para determinar si el autor es alguno de los que ya fue penado y está en el registro.
Soria Vega aseguró que también hay reincidentes entre las personas que cometen otros delitos y que no incluirlos sería perder la oportunidad de contar ‘con una herramienta clave para resolver causas penales‘. Así las cosas, si la iniciativa avanza, los que sean condenados por homicidio, por ejemplo, también deberán someterse a un estudio de ADN que quedará asentada en el registro que tendrá a su disposición la Justicia.
Para que el proyecto se debata en Diputados, la Corte tiene tres opciones: mandárselo a algún legislador o al Ejecutivo para que lo hagan propio o usar la iniciativa legislativa que les da la Constitución y elevarlo en forma directa. Soria Vega dijo que es muy posible que lo hagan antes de fin de año, una vez que sepan cuánto tienen que invertir en la compra de la aparatología necesaria para el entrecruzamiento de los datos genéticos.