En el marco del traspaso de los 4.663 contratados a la Administración Pública provincial, en el Gobierno analizan realizarles pericias psicológicas a aquellos que trabajen con niños. Los profesionales que están abocados al proyecto destacan que ese tipo de personal debe tener un perfil especial para el trato con los menores y por ello, pretenden proteger ese vínculo. Entre los objetivos del estudio, uno de ellos es determinar si alguno de los empleados presenta rasgos que pongan en riesgo la integridad física, mental y sexual de los menores, como un posible abusador, revelaron fuentes cercanas a la iniciativa. En el transcurso de 2011, hubo dos antecedentes del personal de maestranza que fueron denunciados y despedidos por el Ministerio de Educación por haber cometido dos presuntos abusos sexuales (ver aparte).
En el caso de que se detecten indicios comprometedores, los trabajadores temporarios serán reubicados en otros puestos, aseguraron las fuentes. Por su parte, Eduardo Servera, secretario general de Soeme, que nuclea, entre otros, a los porteros de escuela, señaló que el informe no sólo abarcará ese detalle de prevención sino también que evaluará las capacidades y las aptitudes de los obreros para determinar si es conveniente reasignarlos en otras áreas, de acuerdo a sus habilidades.
La medida apunta a toda persona que esté en contacto con menores, entre los que se encuentran unos 1.464 porteros y preceptores, celadores y profesionales que trabajan en los hogares e institutos de la Dirección de la Niñez y del Ministerio de Desarrollo Humano y los profesores que acompañan a los chicos en las colonias de vacaciones, por ejemplo. El proyecto contempla los lineamientos generales, está en vías de desarrollarse y deberá contar con el aval de todos los sectores involucrados.
PREVENCIÓN
A través de la Ley de Modernización del Empleo Público, la administración giojista llevó adelante la decisión política de dejar efectivos a los trabajadores temporarios que cumplían tareas en las reparticiones públicas. La histórica medida giojista tuvo su origen en el reclamo de los sectores gremiales, que pedían que se regularizara la precaria situación laboral de los empleados. Luego de que el Gobierno llevara adelante la propuesta, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley.
De cara a la reglamentación e implementación de la normativa, los expertos pusieron énfasis en la relación que se da entre los adultos y los niños. La intención es que las pericias psicológicas estén a cargo del Estado, a través de la Secretaría de la Gestión Pública, quien contará con la colaboración de expertos y profesionales de la Universidad Nacional de San Juan y los sindicatos. Tras ese paso, el esquema sería puesto a disposición de los gabinetes del Ministerio de Educación y Desarrollo Humano, para que lo analicen y den su opinión si el proyecto es viable o no y si tiene aristas a modificar, destacaron las fuentes. Con el aval, sólo restará determinar y seleccionar a los especialistas que llevarán a cabo los test. Las fuentes resaltaron que el estudio puede realizarse con expertos que cumplan tareas en el Estado o con psicólogos particulares. Lo que sí confirmaron es que las pericias tendrán costo cero para las arcas provinciales.
Los resultados, aseguraron, serán confidenciales y cada caso que revele un perfil sospechoso será evaluado con especial cuidado, para su reubicación, expresaron las fuentes. Una psicóloga consultada que efectúa ese tipo de pericias, quien pidió la reserva de su nombre, expresó que el nivel de eficacia de los análisis depende de la batería de test que se hagan, pero explicó que si en dos o tres sesiones, en las que se repiten ciertos patrones en la conducta de una persona, se pueden obtener algunos rasgos de su personalidad.
El informe psicológico se incorporará al examen preocupacional (estudio físico y médico) al que serán sometidos los contratados. Y su puesta en marcha quedará definitivamente establecida cuando salga el decreto que reglamente la ley que estipula la incorporación de los contratados, es decir, cuando el instrumento legal, resorte del Ejecutivo, fije los pasos para poner en práctica los lineamientos generales de la normativa.
OTROS REQUISITOS
La ley les exige a los trabajadores una serie de condiciones para poder quedar efectivos. Los empleados deben solicitar el traspaso a planta permanente y renunciar al régimen en el que se encontraban. En ese sentido, deben estar comprendidos en el grupo que obtuvo un contrato de colaboración de servicios hasta antes del 31 de diciembre de 2010. Asimismo, deben contar con una educación formal acorde al puesto que van a desempeñar, y aprobar un curso de capacitación obligatorio y su examen correspondiente. Además, no tienen que tener antecedentes penales y deben estar al día con los impuestos provinciales y el pago de la cuota de la casa al Instituto Provincial de la Vivienda.