Los contadores Carlos Alejandro Correa y Mariela Fernández Achem podrían quedar entre hoy y mañana frente al juez que los investiga por un presunto pedido de coima de 20 mil pesos a un proveedor del Estado. Los dos se desempeñan como empleados de planta permanente en el Ministerio de Gobierno, el viernes fueron detenidos y el magistrado planea indagarlos no más allá de este martes, para resolver si los procesa, los sobresee o dicta la falta de mérito. Aunque las pruebas que hay en la causa indican que están muy comprometidos y que les será difícil zafar.

La causa se disparó por una denuncia penal que el proveedor afectado hizo el lunes anterior y todo estalló el viernes, cuando los dos profesionales fueron aprehendidos por la Policía. Correa continúa preso y Fernández fue liberada el mismo día de su detención, ya que atraviesa una situación especial. Fuentes judiciales contaron que está separada y tiene un hijo pequeño que está enfermo y necesita cuidado. Por eso, además de evaluar que no se fugará, el juez la autorizó a ir a su casa.

Correa es delegado fiscal (controla los procedimientos de gastos) y quien supuestamente le pidió la coima al empresario a cambio de no bocharlo en un concurso de precios por 86 mil pesos que lanzó el Estado para desinfectar al Penal de Chimbas. Fernández es la contadora del Ministerio de Gobierno y, casualmente, en su estudio jurídico le llevaba la contabilidad al proveedor que fue víctima.

La presunción es que hubo complicidad entre ambos para ejecutar la maniobra y en Tribunales aseguraron que Flores quiere indagarlos a más tardar mañana. Esto es, permitir que ejerzan el derecho de defensa dando su versión de los hechos. Pero también deberán responder las preguntas del magistrado y la fiscal, sobre todo acerca de las pruebas que los involucran.

La indagatoria es un paso clave, para que el juez resuelva la situación procesal de los dos profesionales. Según las fuentes, resulta difícil que Correa y Fernández le puedan escapar al procesamiento debido a que las evidencias los complican gravemente. Incluso, en el programa “A todo o nada”, de Radio Sarmiento, el ministro Adrián Cuevas señaló el sábado: “Creo que las pruebas son contundentes”.

Sucede que Correa fue detenido con las manos en la masa. El juez le pidió al proveedor que le siguiera el juego al delegado fiscal y se juntaron el viernes en un restaurante. El empresario le entregó 10 mil pesos, es decir la mitad de los que le habían pedido, y todo quedó registrado en una cámara oculta (ver foto).

A Fernández la complican las escuchas telefónicas que ordenó Flores. Las fuentes indicaron que la contadora y su colega hablaron del tema de la coima y que cruzaron datos que dan idea de que ella también participaba del circuito.

El delito por el que están detenidos es el de exacciones ilegales, también llamado coima, que fija penas que van de uno a cuatro años de prisión. Y si bien no irían a la cárcel en forma efectiva en caso de ser condenados, porque se trata de un delito excarcelable, sí sería causal suficiente para expulsados de la administración pública y hasta se exponen a ser sancionados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con la suspensión de la matrícula.