Frente a la preocupación de un sector de los arquitectos de la provincia, disconformes con los altos aportes jubilatorios que deben pagar mensualmente a la Caja Interprofesional de Previsión de San Juan y los bajos beneficios que perciben, a lo que se agrega la falta de obra social, la institución que los nuclea, la Sociedad de Arquitectos de San Juan, que dice representar la opinión mayoritaria, está en campaña para lograr la disolución del organismo recaudatorio. Ya pidieron por nota una asamblea para avanzar en el planteo, que se debe resolver mediante una ley, y están buscando el apoyo de los asociados de otras profesiones para avanzar en el objetivo.
La Caja Interprofesional es una de las 6 que funcionan en la provincia para conceder el beneficio jubilatorio. Las otras 5 son la Caja de Previsión para Profesionales Médicos, Odontólogos y Bioquímicos, la de los Profesionales en Ciencias Económicas, la de Profesionales de Ingeniería y Agrimensura, la de Profesionales en Ciencias Jurídicas y la Caja Notarial Mutual. La Interprofesional nuclea no sólo a los arquitectos sino también a psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, farmacéuticos, geólogos y psicopedagogos. Se trata de trabajadores que están excluidos del sistema previsional argentino y que, por el contrario, tienen sus propias cajas, creadas por ley en la década de los 90. El problema es que ahora, para que se mantenga el sistema, deben pagar aportes altos y los beneficios son bajos y encima no tienen obra social. Así lo explicó Virginia Rodríguez, la presidenta de la Sociedad de Arquitectos, que tiene unos 400 asociados.
“Las cajas han demostrado que no tiene la capacidad de lograr el objetivo de cumplir con la seguridad social en forma integral, tal como lo establece la Constitución Nacional”, sostuvo Rodríguez.
Dio como ejemplo que, a diciembre de 2015, había 2.450 afiliados a la caja, de los cuales el 26 % eran arquitectos. El aporte mensual mínimo que pagan es de 840 pesos mensuales, y la jubilación mínima que estarían en condiciones de recibir es de 3.500 pesos. En el sistema estatal el pago menor es de 157 pesos y, por el contrario, el beneficio más bajo es de 4.300 pesos. “Y encima no tenemos obra social”, agregó la presidenta.
Como la caja fue creada por ley, la número 455-S, hace falta otra norma para disolverla. El mecanismo puede incluir una asamblea de los asociados en la que, por mayoría, les soliciten a las autoridades que dispongan la liquidación e instrumenten la sanción de la norma respectiva. En la Cámara de Diputados ya hay un proyecto de ley proponiendo que la afiliación a las cajas sea optativa y no compulsiva, como es hasta ahora (ver aparte).
En octubre del año pasado crearon una comisión de trabajo para tratar el problema previsional y, desde ese ámbito, 150 arquitectos pidieron por nota a las autoridades de la sociedad que avancen en una salida para el problema. Carlota Potenzoni, integrante de la comisión, explicó que el problema es que los profesionales tienen ingresos variables, mientras que la cuota es fija y eso les dificulta poder abonarla. Y frente a los atrasos vienen los juicios a los morosos para que se pongan al día.
La última medida que tomaron los arquitectos ha sido un pedido de asamblea extraordinaria a las autoridades de la caja para tratar, entre otros temas, la falta de obra social y que se detengan los juicios a los morosos.