El tema promete traer una gran polémica: En el Gobierno avanza la idea de que todos los privados que tienen pozos perforados de forma independiente en sus propiedades paguen por el uso del agua que extraen de ellos, según explicaron fuentes oficiales. En San Juan hay actualmente hay unos 250 pozos que están en emprendimientos y diferimientos privados, de los cuales sólo unos 20 -es decir, menos del 10%- pagan un canon por hectárea anual por el uso de ese bien esencial. En total las perforaciones son unas 500, pero el resto corresponde a la batería oficial.
En Hidráulica no pueden lograr que todos abonen el canon porque existe un vacío legal en el Código de Aguas, en el capítulo referido a Aguas Subterráneas. En cambio, sí pueden monitorear cuánta agua usan las industrias y mineras -y cobrarles- porque éstas están reguladas además del Código de Aguas, por leyes medioambientales que exigen la presentación de estudios de impacto ambiental, donde se especifica taxativamente ese punto.
Esa es una mejora que el Gobierno quiere hacerle al Código de Aguas, y que promete un gran resistencia por parte de los productores, según estimaron las fuentes. Y todo indica que será así porque ayer, los titulares de 10 entidades productivas junto a decenas de regantes se manifestaron frente a la Legislatura para reclamar por más presupuesto y personal en Hidráulico, a la vez que rechazaron enérgicamente ‘cualquier cambio en la Ley del Código de Aguas‘ (ver foto y recuadro). ‘La ley está bien así como está‘, reiteraron los representantes, que un día antes habían enviado un documento con esa solicitud, al conocer que ayer iba a entrar el proyecto oficial para realizar mejoras en Hidráulica. Incluso el gobernador Gioja se metió en el tema, el miércoles por la noche.
Salió a decir que no era su intención girar un proyecto modificando la norma, sino que las mejoras que se le vayan a realizar a ésta “van a ser consensuadas”.
“Esperamos que se cumpla la promesa y que nos convoquen cuando la comisión vaya a tratar algún aspecto referido a la Ley”, dijo Alejandro Pons, de la Federación de Viñateros, tras ser recibidos junto a los otros dirigentes de cámaras productivas por el vicegobernador y el ministro de Infraestructura, en la Legislatura.
Tema de fondo
El Código de Aguas de San Juan contiene un capítulo entero de Aguas Subterráneas donde establece claramente que para hacer una perforación hay que solicitar permiso a las autoridades hídricas. Pero una vez obtenido éste, no establece en forma taxativa que los productores deban pagar por el agua consumida. ‘Las autoridades provinciales entienden que el pago debe ser independiente de dónde provenga el agua, algo que los productores rechazan de plano, ahí está el conflicto y la discusión en torno a la mejora del Código‘, explicaron las fuentes.
Esa laxitud que existe sobre el riego con agua de pozo ha causado que en los últimos 16 años se haya realizado entre 200 a 250 perforaciones en la provincia, que no pagan nada por el agua que consumen para sus emprendimientos productivos.
Un regante común, que usa agua superficial que le llega por los canales, debe pagar entre 155 y 180 pesos por hectárea y por año, hasta en 6 cuotas.
Pero no es sólo la recaudación de fondos lo que inspira a las autoridades sino que al colocar sistemas de medición del volumen de agua usada, se puede avanzar en controlar, monitorear y conocer la cantidad de explotación en los acuíferos y el impacto en el ecosistema, para evitar que las aguas subterráneas sean explotadas en exceso. Ese es un tema controversial que se enfrentará con los derechos que esgrimirán los regantes de usar el agua que está bajo el suelo de sus propiedades, según explicaron las fuentes.
Sin ofertas
No se presentaron oferentes en la licitación convocada por el Gobierno para la reparación de 27 perforaciones estatales, el pasado 10 de junio, pero se van a arreglar igual. “La licitación quedó desierta, lo que nos habilita a contratar en forma directa y en los mismos términos que se planteó la licitación”, dijo ayer el ministro de Infraestructura, José Strada. “Vamos a contratar los servicios que sean necesarios para tener la batería de pozos lista para el verano, incluso ya hemos comprado varias electrobombas”, agregó el funcionario.
Los fondos para realizar esta tarea son 5 millones de pesos que fueron girados a la provincia por el Ministerio de Agricultura de la Nación en abril pasado. Según la licitación, en una primera etapa se iban a arreglar 12 pozos ubicados en el departamento San Martín, 5 en Angaco y 10 perforaciones más ubicadas en Santa Lucía.