Debido a que la construcción de una escuela sigue avanzando en un terreno que aseguran que les pertenece, los miembros de la Cooperativa Villa María presentaron una medida cautelar para frenar la obra. Sin embargo, la Justicia rechazó el planteo porque hubo un paso que se dejó de lado y que debió haberse realizado en sede administrativa: pedir la suspensión de la ejecución de los trabajos ante la dependencia gubernamental. En el caso que se deniegue la solicitud, recién ahí estará habilitada la instancia judicial para la cautelar, señalaron fuentes calificadas.

El caso desató polémica debido a que el Gobierno está encarando una obra importante y se ha encontrando con la resistencia de vecinos que afirman que el predio es de ellos y están usando todas las herramientas legales para detener su avance. La presentación de la cautelar forma parte del reclamo que están llevando a cabo los integrantes de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Villa María. El presidente, Alberto Fernández, remarcó que la entidad tiene bajo su titularidad un predio de 1,2 hectáreas que está en el barrio Villa María, en Santa Lucía, el cual siempre estuvo destinado a un espacio verde. De hecho, también hay un Salón de Usos Múltiples (SUM), un polideportivo y una perforación y una bomba para la extracción de agua por un convenio con el municipio de Santa Lucía. Pero desde hace poco más de 40 días, una empresa se instaló en el lugar para comenzar a construir la Escuela de Educación Especial Carlos Pellegrini. En su momento, el titular de la Cooperativa había manifestado que no les habían notificado de nada y que no hubo un proceso de expropiación. Así, la obra siguió su ritmo y la constructora ya hizo las zanjas, levantó columnas y realizó divisiones internas, destacó. La construcción pudo arrancar debido a que la Dirección de Geodesia y Catastro inscribió el inmueble a nombre del Estado provincial, a favor del Ministerio de Educación, en base a la facultad que le otorga la ley. Sin embargo, en la presentación judicial destacan que el organismo no tiene la potestad para cancelar una inscripción dominial ni para ordenar que pase al dominio público del Estado.

Por esa razón, los miembros de la Cooperativa, a través de un abogado, presentaron un recurso de reconsideración ante Catastro para que revea su propia decisión. Ese planteo fue rechazado, por lo que todavía les queda la instancia de apelación en sede administrativa ante el Ministerio de Hacienda. En el medio, recurrieron al Juzgado Contencioso Administrativo, que dirige Adriana Tettamanti, con una cautelar para frenar los trabajos, aunque también se la denegaron.