San Luis, 16 de agosto.- Organizaciones ambientalistas de todo el país rechazaron la ley promulgada por el gobierno de San Luis que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el Parque Nacional ‘Sierra de las Quijadas”.
Agrupadas en el Comité Argentino de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN),12 organizaciones emitieron un comunicado en el que cuestionaron la decisión política y alertaron sobre la superposición jurídica de una ley provincial (la Ley Nº V-0721-2010), sobre una ley nacional.
Así, la UICN sostuvo que ‘la disolución del Parque Nacional, de concretarse, sentaría un muy grave precedente para la protección de áreas prioritarias de diversidad biológica y cultural en la Argentina y a nivel mundial”.
‘El Parque Nacional Sierra de las Quijadas aclararon-, creado por Ley Nacional 24.015, es patrimonio de todos los Argentinos y protege 150.000 hectáreas de la ecorregión del Monte, un ecosistema único de nuestro país”.
Sobre las características jurídicas de la ley provincial manifestaron que ‘el principal sustento legal a favor de Parques Nacionales es que la provincia no puede expropiar algo que es nacional, y la ley provincial recientemente promulgada resulta violatoria de la jerarquía normativa dispuesta por el Artículo 31 de la Constitución Nacional, en tanto el parque ha sido creado por una ley nacional (24.015/91) que se encuentra plenamente vigente‘.
Advirtieron que ‘la ecorregión del Monte se encuentra escasamente protegida en la Argentina (sólo un 4,17% de su superficie), lejos del 10% propuesto por el Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica; la desafectación del Parque Nacional Sierra de las Quijadas disminuye aún más ese porcentaje”.
‘La provincia de San Luis -recordaron- cedió en 1991 la jurisdicción a la Nación de las tierras que componen el Parque Nacional, en beneficio de toda la sociedad Argentina, incluyendo a los pueblos originarios”.
Aclararon que ‘los intereses y derechos de los pueblos Huarpes deben ser efectivamente reconocidos y debería existir a nivel nacional y provincial, una política que apunte a ello conforme lo establecen la Constitución Nacional, los convenios internacionales y la Ley 26.160”.
Finalmente recordaron que ‘existen antecedentes en diferentes provincias del país, donde la restitución de tierras a comunidades de pueblos originarios se ha hecho de forma ordenada y sin afectar a las áreas protegidas como los casos de Salta y del Chaco”.