El fiscal Daniel Guillén rechazó ayer el pedido de eximición de prisión de los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, imputados en una causa que deriva directamente del escándalo de las expropiaciones. El funcionario opinó que estando en libertad podrían entorpecer el avance de la investigación, en virtud de que uno de ellos supuestamente presionó a testigos que son clave. La resolución final le corresponde a la jueza María Inés Rosellot, aunque la defensa de Graffigna la recusó y la causa podría cambiar de manos (ver aparte).
Graffigna y Alday eran abogados de propietarios de terrenos expropiados y a partir de la declaración de testigos, la Justicia presume que engañaron a sus clientes y les entregaron mucha menos plata de la que el Estado pagó por los inmuebles. Los letrados fueron mandados a detener y en lugar de entregarse, pidieron que los eximan de ir a prisión después de ser indagados y siguen ocultos de la Policía.
En su negativa, el fiscal de basó en que Graffigna "mantuvo una reunión y trató de influenciar en el testimonio" que debían dar los supuestos damnificados. Y presume que cualquiera de los dos podría usar su libertad para cometer conductas similares y obstaculizar la investigación.
La opinión del fiscal no es la definitiva, pero la jueza la tiene que considerar. Si Rosellot -o quien se haga cargo de la causa- les concede el beneficio, Alday y Graffigna planean comparecer. De lo contrario, no se presentarían y sus defensores casi seguro que apelarían.
La causa se desprende de una anterior que impulsó el gobierno, para que la Justicia determine si en los juicios de expropiaciones actúa una organización de jueces y abogados -entre ellos se apunta también a Graffigna y Alday- que sobrevalúan los terrenos que paga el Estado. Fue en esa investigación que declararon los testigos que ahora complican a los dos profesionales.