El presidente de la AMIA, Guillermo Borger, reclamó ayer al Gobierno que "extreme y agote todas las medidas a su alcance" para detener y condenar a los responsables del atentado a la mutual judía, en un acto donde los familiares de las víctimas apuntaron al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por el escándalo de las escuchas telefónicas por el que está procesado.
El acto para conmemorar el 16 aniversario del atentado comenzó a las 9.53 frente a la sede de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, con el sonido de la sirena a la misma hora en que el 18 de julio de 1994 sucedió el ataque, con la presencia del vicepresidente en ejercicio de la titularidad del Poder Ejecutivo, Julio Cobos y del jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández. En tanto, el ex presidente y actual diputado Néstor Kirchner arribó con 20 minutos de retraso.
"Pedimos hoy al fiscal (Alberto) Nisman, al Gobierno nacional y a todas las fuerzas de seguridad que extremen y agoten todas las medidas a su alcance", expresó Guillermo Borger, presidente de la AMIA quien destacó que "tuvimos la esperanza de encontrar respuestas concretas que aporten soluciones". "Vimos algunas luces de esperanza, pero en este, mi último discurso, debo confesar que mucho, muchísimo falta por hacer", advirtió.
El dirigente judío indicó que "debemos continuar gritando, exigiendo el esclarecimiento de la causa AMIA, y prevenir al mundo que, sin Justicia, sólo hay negacionismo que genera terror, espanto, muerte, fundamentalismo". "Desgraciadamente, ciertos estados incentivan, fomentan y financian el flagelo del terrorismo fanático. Nos estremece advertir que parte del mundo y de las naciones parecen encontrarse anestesiadas frente a esta amenaza, condenando a su población a vivir en un mundo en el que no se respeta el valor de la vida humana y donde los patrocinantes del terror tienen vía libre para cometer sus atrocidades", aseveró Borger.
En tanto, Marina Degtiar -hermana de Cristian, quien murió en el ataque- denunció que las escuchas telefónicas sufridas por Sergio Burstein, referente de Familiares, fueron realizadas para hacer "pagar" a la entidad el pedido de renuncia del comisario Jorge "Fino" Palacios cuando estaba al frente de la Policía Metropolitana.
"Nos inventaron causas para escucharnos ilegalmente. Este fue el costo que nos hicieron pagar por reclamar al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Mauricio Macri) la destitución de quien estaba a cargo de la Policía Metropolitana, involucrado en el encubrimiento del atentado", enfatizó la mujer. "Hay quienes abusando del poder y de los aparatos con que cuentan nos inventaron causas para escucharnos ilegalmente. Para estos nuestra condena", dijo. Degtiar también cuestionó al Gobierno nacional por sus relaciones con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en virtud del vínculo que el venezolano mantiene con Irán al que identificó como un Estado "que financia y sostiene al terrorismo".
Por su parte, el juez Garzón cuestionó duramente el sistema judicial argentino por la "incompetencia" para hallar con celeridad a los autores del atentado y subrayó que "la Justicia tardía no es Justicia". El magistrado advirtió sobre "intereses ocultos (que) se cruzaron y corrompieron el castigo de los responsables" en el pasado y sostuvo que el Estado argentino tiene "responsabilidad civil porque no supo proteger a los que cayeron, sino porque después no hicieron los que correspondía".
