El gabinete español aprobó ayer por decreto la cuestionada reforma del mercado laboral. Ahora el proyecto, con el que se busca dar un impulso a la alicaída economía, debe ser ratificado en el Parlamento, donde el Gobierno no tiene mayoría.
El decreto incluye abaratamientos en despidos.
La resolución entrará en vigor hoy, aunque el Ejecutivo prevé que se modifiquen algunos aspectos del decreto durante la tramitación parlamentaria, ya que ha dejado fuera del texto algunos asuntos, como la creación de un fondo de capitalización
para financiar el despido que estaba incluido en el borrador del proyecto.
La legislación española permite la tramitación de medidas urgentes mediante decretos que deben ser posteriormente convalidados por el Congreso. Si la ratificación incluye la tramitación como proyecto de ley, como es el caso, las medidas aprobadas por el Gobierno son de aplicación hasta la aprobación del proyecto de ley.
Tras la previsible convalidación parlamentaria del próximo 22 de junio, el Gobierno socialista confía en obtener el apoyo de diversas formaciones parlamentarias en la tramitación del proyecto de ley, que podría durar varios meses.
La reforma que se publicará hoy en el Boletín Oficial del Estado busca desalentar los contratos temporales, reducir los costos de los despidos y los aportes patronales, además de un recorte del gasto público y el congelamiento de salarios estatales.
Entre las novedades que incluye el texto aprobado está que el Estado asumirá el pago de 8 días de indemnización en los casos de despidos a trabajadores con contratos indefinidos para los que se fijan una indemnización media de 33 días por año trabajado, frente a los 45 actuales.
Además, para recurrir a un despido procedente (con causa) las empresas sólo tendrán que argumentar que tienen pérdidas económicas sin un periodo mínimo específico. Para estos despidos hay una indemnización de 20 días por año trabajado.
El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) inmediatamente hoy. La tramitación parlamentaria del proyecto podría demorarse hasta un año, según el ministro de Trabajo y la vicepresidenta del Gobierno.
La reforma laboral es, junto al plan de ahorro del gasto público, una de las medidas del gobierno del Partidos Socialista (PSOE) para hacer frente a la crisis económica y la debilidad de las finanzas que afecta a toda Europa y en particular a España.
La reforma laboral ya fue rechazada por las dos principales centrales sindicales -Comisiones Obreras (CC.OO) y Unión General de Trabajadores (UGT)- que el martes pasado convocaron a una huelga general para el próximo 29 de septiembre.
El proyecto de reforma laboral del Ejecutivo del PSOE pretende impulsar el empleo en un momento en que la desocupación, duplicada durante la crisis, alcanza el 20 por ciento de la población activa.
El Gobierno espera que los demás grupos políticos puedan presentar sus enmiendas y recoger de esa manera el máximo consenso posible sobre la reforma.