Frente al vencimiento del régimen de promoción industrial que beneficia, desde hace más de 30 años, a La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan, postergadas en el desarrollo nacional, la noticia fue recibida con júbilo en Mendoza. El festejo, por la probable eliminación de una política de reparación histórica, ha movilizado al gobierno de Francisco Pérez en una cruzada con cámaras empresarias, sindicatos y legisladores para presionar ante la Nación para impedir la prórroga del decreto 699/10 que amplió la promoción hasta el 31 de este mes.
Sería ocioso recordar los enormes recursos económicos de Mendoza, beneficiada con regalías energéticas, turismo y numerosos recursos provenientes de sus bondades naturales como también de décadas de favoritismos de gobiernos nacionales para afianzar una concentración de riqueza y una hegemonía geográfica que frenó a través del tiempo la construcción de otros pasos cordilleranos con la infraestructura de Los Libertadores.
Ahora el beneplácito mendocino se eleva sobre los 9.000 puestos de trabajo que podrían desaparecer por un cierre masivo de empresas promocionadas, que en absoluto han restringido el crecimiento de Mendoza. Por el contrario, profesionales, obreros y firmas mendocinas participan en la gran minería y en otros emprendimientos que ellos no tienen, no porque carezcan de yacimientos potenciales sino inexplotados por miopía e inoperancia política. Lo que pasa es que se han sumado años de ineptitud gubernamental con la conocida idiosincracia de menospreciar y mirar con envidia a provincias que exhiben índices de crecimiento económico, social y cultural (incluida la Fiesta del Sol) que son una afrenta para la soberbia y la mezquindad con que miran a sus vecinos.