El acceso y uso de internet se ha convertido en un componente esencial de la vida de niños y adolescentes. Muchos países han incluido y mantienen debates sobre regulaciones de protección de menores en internet. Las estrategias y propuestas son variadas, pero no pueden ser arbitrarias y extremas.
Cualquier regulación que implique la implementación de un sistema de control sobre los contenidos de internet debe necesariamente ser transparente, clara y debatida públicamente, ya que siempre este tipo de medidas entra en tensión con el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en un entorno que, al menos en la Argentina, goza de las garantías constitucionales que amparan la libertad de expresión implementada en la ley 26.032 aprobada en 2005.
En nuestro país, el debate sobre la protección de menores en internet está abierto y tiene lugar en el Congreso Nacional. Diversos proyectos de ley plantean potenciales soluciones que requieren un debate público amplio y abierto, pero que necesariamente deben ser analizados desde la mirada del ejercicio de la libertad de expresión y los derechos humanos. En este contexto, es particularmente preocupante el proyecto de ley presentado por la senadora Liliana Fellner, presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. El proyecto disponible en la página web del Senado bajo el número de expediente S-0728/12 utiliza el argumento de la protección de los menores en internet para instalar un sistema de control obligatorio sobre el tráfico de contenidos en la Argentina que amenaza los principios básicos de la libertad de expresión y el acceso a la información.
El proyecto crea además una autoridad de aplicación que debe instalar un sistema de control de contenidos en internet en aspectos que van mucho más allá de lo aceptable al incluir no sólo aspectos de índole sexual, sino que incluye aspectos que no necesariamente son de circulación ilegal como opiniones políticas, orientación e información sexual o cualquier otro contenido que la autoridad de aplicación considere impropios.
Preocupa que una senadora que preside la Comisión de Libertad de Expresión no advierta el riesgo y las consecuencias de este proyecto que pone en severo riesgo el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información en internet, que además es de dudosa viabilidad técnica y que contribuye a construir un sistema donde una autoridad de aplicación sin ningún tipo de orden judicial se arrogaría el derecho de controlar contenidos en la red.