Desde 1860 y hasta 1930 el crecimiento de la vitivinicultura nacional fue permanente y muy desordenado, consolidándose un modelo orientado a la producción de vinos de calidad media a baja y destinados al mercado interno, priorizando cantidad sobre calidad. Este modelo estuvo vigente hasta 1990.
En los primeros años aparecieron problemas tales como la fijación de precios de la uva fuertemente favorables a los bodegueros, adulteración y estiramiento de vinos, crisis cíclicas de sobreproducción, etc. Esta situación se mantuvo hasta los años 70, en un contexto de crecimiento sostenido del consumo per cápita.
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo titulado “Regulaciones públicas y funcionamiento de la cadena vitivinícola argentina: aprendizajes para el futuro”, revela que hubo diversas crisis, especialmente de sobreproducción, con ocurrencia cíclica casi regular, a saber: 1901-03; 1911-12; 1929-31 y 1933-38.
Aquí surgieron las primeras intervenciones legislativas regulatorias. Con la gran crisis de 1933-38 se produce una consistente intervención regulatoria con las leyes 12.137 y 12.355, que crean la primera institución pública regulatoria: la Junta Reguladora de Vinos, con poder para intervenir directamente sobre el mercado controlando las plantaciones y también la producción de vinos.
En esta época además se verifica la estatización de las bodegas Giol y Cavic.
Desde los años 70 y hasta los 90 se verifican las mayores intervenciones regulatorias tratando de recomponer los equilibrios perdidos en los mercados de uvas y vinos y de proteger los ingresos de productores y bodegueros.
El modelo cuantitativo vigente implicaba la producción de vinos básicos en Mendoza y San Juan y su transporte en camiones o trenes a los grandes centros de consumo del país, especialmente Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
En 1966, el 90% del vino elaborado en Mendoza y San Juan salía a granel de las bodegas para su fraccionamiento en otras provincias.
Llegamos así al año 1984, cuando se produce la sanción de la Ley N° 23.149 de Fraccionamiento en Origen, que permitió llevar al actual 100% el porcentaje de vinos fraccionados en las zonas de producción.
En estos años se prohibió la plantación de viñedos, hubo cupificación de cosecha y se bloquearon y prorratearon las ventas de vino.
El golpe de gracia al modelo lo produjo la quiebra del holding financiero (Banco Los Andes) e industrial (Greco Hnos) en el año 1982 y la caída estrepitosa del precio del vino.
A fines de 1982 y en el marco de una profunda crisis, se sanciona la ley 22.667 de Reconversión Vitivinícola con un espíritu profundamente intervencionista previendo eliminar los excesos de producción de vinos.
En 1988, la ley 23.550 afronta la crisis con cirugía mayor. Se erradicaron decenas de miles de hectáreas, se cupificó la cosecha con porcentajes distintos según las variedades, el Estado adquirió grandes volúmenes de excedentes para su eliminación y se aplicó una sobretasa al vino para financiar parcialmente estas acciones.
Después vino la acertada regulación del mercado a través de la política de producción de mostos (Acuerdo Mendoza-San Juan) y el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (Pevi).
La derivación de un porcentaje variable de uvas a mosto implica resolver el problema de sobreproducción de vinos, básicos y no llegar a medidas como bloqueos y prorrateos con ingentes costos de elaboración, mantenimiento y conservación. Además, no hay destrucción de riqueza como sucede en los procesos de destilación, siendo esta medida fuertemente cuestionada, más allá de su eficacia técnica para equilibrar los mercados.