Si avanza el proyecto que la gestión giojista mandó la semana pasada a la Legislatura, la Dirección General de Rentas podrá cobrar impuestos en el sector público a través del sistema de descuento por planilla. La iniciativa alcanza a los empleados y funcionarios del Ejecutivo y el objetivo es asegurarse que no le deban tributos al Estado. No obstante, para que se pueda aplicar, cada contribuyente deberá dar su consentimiento. La idea es que se sumen los otros dos Poderes y los municipios.

El proyecto ingresó el 9 de abril a Diputados y es casi un hecho que prosperará, teniendo en cuenta que el oficialismo tiene amplia mayoría en el parlamento sanjuanino. La noticia la dio a conocer ayer el ministro de Hacienda, Aldo Molina, en una reunión informativa que mantuvo con los legisladores de dos comisiones para detallar cuál es el estado económico y financiero de la provincia (ver recuadro).

La iniciativa propone crear un código de descuento para Rentas, área que depende de Hacienda. Mediante el código, se podría debitar del sueldo el monto equivalente a los impuestos inmobiliario y automotor que deben pagar los empleados y funcionarios. Así, la administración giojista se aseguraría que los agentes del Ejecutivo estén al día con sus obligaciones fiscales.

Aunque exista una ley, el Estado no puede aplicar el sistema en forma compulsiva. Previamente necesita la autorización del propio involucrado, es decir el empleado o el funcionario. Los que tengan interés de pagar con el nuevo régimen, deberán llenar un formulario declarando los bienes que tienen y expresando su acuerdo, explicó ayer Molina.

Potencialmente, en principio, pueden ingresar al sistema los 33 mil empleados que hay en el Ejecutivo y unos 400 funcionarios. Si bien será voluntario, el ministro tiró ayer un convite que será difícil de esquivar por la planta política: “debemos dar síntomas de ejemplaridad, sobre todo en el accionar vinculado con el Estado”, reflexionó sobre los funcionarios.

El argumento oficial es el alto índice de morosidad que hay en la provincia (ver En números). Situación que persiste hace años y que ha llevado a la gestión giojista a endurecer la política de cobro de impuestos con distintas medidas.

El Ejecutivo no puede legislar en materia salarial sobre la situación de otros Poderes, por lo que en la iniciativa no están incluidos los empleados del Legislativo, el Judicial y los municipios. Sin embargo, hay una invitación expresa para que adhieran.