La escalada represiva contra oposición del gobierno de Nicolás Maduro envuelve a Venezuela en otra grave crisis provocada por un régimen autoritario acosado por el colapso económico y un clima social que puede llevar a un estallido incontrolable. Ante este panorama, propio de la incompetencia del heredero de la revolución chavista frente a la caída del precio del petróleo, prácticamente la única fuente de ingresos del país, Maduro denuncia fantasmas golpistas alentados por la oposición y directamente encarceló a sus figuras prominentes.
La reciente detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se suma a la prisión sin juicio de Leopoldo López, que acaba de cumplir un año entre rejas y de Julio Borges y María Corina Machado víctimas de maniobras para levantarles la inmunidad parlamentaria, en tanto la mitad de los alcaldes opositores, 33 del total de 76 en todo el país, están pendientes de juicio por el delito de defender la democracia. Maduro los acusa porque, dice, además de participar en el sistema democrático diseñan planes golpistas pero nunca da detalles en sus tediosas cadenas nacionales para exponer la realidad al pueblo, según afirma.
La situación venezolana es crítica y amenaza desbordarse como en 2014, cuando las manifestaciones tuvieron una represión que costó casi medio centenar de muertos y numerosos heridos. Los organismos que velan por la democracia continental, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unasur y otros organismos regionales -incluyendo al Mercosur del que Venezuela es socio pleno-, deberían actuar de inmediato para preservar las libertades fundamentales pisoteadas por el autoritarismo bolivariano.