Durante la gestión de la entonces intendenta Ana María López, el municipio de Rivadavia compró y recibió materiales para construir un Centro Integrador Comunitario (CIC), pero desapareció una cantidad equivalente a los 44 mil pesos, ya que no están ni en la obra ni en los depósitos oficiales. Pero no sólo eso, el Ejecutivo pagó una suma aproximada a los 50 mil pesos por trabajos que nunca se realizaron. A esa lapidaria conclusión llegó esta semana la comisión especial que creó el actual jefe comunal, Fabián Martín, que detectó anomalías por un total de casi 100 mil pesos y que además señaló que hubo ineficacia administrativa, falta de responsabilidad de las autoridades e incumplimiento de sus obligaciones. Con los resultados, el intendente aseguró que notificó a su antecesora de la situación “para ver que tiene para decir” y que envió el expediente al área legal para que le indique los pasos a seguir, esto es, radicar una denuncia penal, una demanda civil, darle intervención al Tribunal de Cuentas o las 3 opciones a la vez.
Apenas asumió, el basualdista Martín puso la lupa en el manejo de los fondos de su predecesora y sobresalió la obra inconclusa y el poco avance del CIC, el cual estará destinado a actividades sociales. Para ello creó una comisión revisora, integrada por abogados, contadores, arquitectos e ingenieros, que se encargó de la investigación administrativa.
De acuerdo al análisis, el proyecto del CIC se presentó en octubre de 2013 ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para conseguir financiamiento. La cartera nacional envió un aporte inicial de 377.366 pesos en julio de 2014 y la comuna realizó las compras entre julio y octubre de 2015, es decir, un año después. “Esto ocasionó un perjuicio al municipio, debido al aumento de los precios que se habían presupuestado en el proyecto inicial, producto de la inflación de ese período”, destacó el informe.
Con fondos nacionales y propios, la administración de Ana María invirtió 390.908 pesos en ladrillones, hierros, cemento, grifería y cerámicos. De ese total, en la comuna ingresaron materiales equivalentes a 157.985 pesos, mientras que los restantes 232.923 pesos en elementos de construcción quedaron pendientes de entrega por parte de los proveedores. De lo constatado, en la obra se usaron insumos por 31.982 pesos, mientras que en los depósitos oficiales se halló el equivalente a 82.039 pesos, lo que da un total de 114.021 pesos. Así, de los casi 158 mil pesos en materiales que entraron al municipio y entre lo que se utilizó y estaba acopiado, surgió un faltante de 43.964 pesos en insumos que “no se encontraron”, resaltó la comisión en base a las pericias efectuadas.
La investigación también avanzó sobre los pagos en los avances de obra. La comuna había contratado en marzo del año pasado a una cooperativa de trabajo que durante ese mes sólo pudo ejecutar actividades de replanteo, zanjeo y la colocación de columnas. Pero como los obreros no contaban con los materiales, durante 4 meses estuvieron asistiendo al lugar sin llevar a cabo ninguna tarea. “Esto hizo que se alcanzara un acuerdo verbal entre la cooperativa y la arquitecta Fernanda Herrera (exdirectora de Proyectos e hija de Ana María), el cual consistía en que se les pagaría 10 mil pesos por mes hasta tanto arribaran los elementos de construcción”, resaltó la resolución. El equipo de investigación explicó que así se acumularon casi 50 mil pesos, que no se reflejaron en la ejecución del CIC y que el monto se “justificó en los certificados de obra”.