La justicia local rechazó por segunda vez un recurso de amparo presentado esta vez por la red ambientalista OIKOS, por no ser la ‘vía idónea a planteos colectivos‘, explica entre otros argumentos. Por eso, y a partir de los amagues de los empresarios de la canadiense Coro Mining de trasladar parte del proyecto minero -principalmente el sistema de servicios- a San Juan, y de las continuas reuniones de la multinacional con el gobierno sanjuanino, las especulaciones que se hacen aquí entre los distintos sectores ambientalistas son de variado tenor. En ‘off‘ advierten que al menos ‘causan sospechas‘. Lo cierto, es que la magistrada Alicia Moretti, explicó en su fallo que ‘no hay certeza que las sustancias que se utilizarían en la extracción de los minerales sean tóxicas‘, y agregó que ‘no ve en el accionar del Departamento General de Irrigación -organismo que regentea el agua en Mendoza-, algo irregular. No hay irregularidades ni peligros para los habitantes de Uspallata‘. En marzo pasado, la justicia le había dado el primer revés a un amparo que presentó un particular en nombre de la inspección de cauce del Arroyo San Alberto y que pedía que ‘no se le permitiera usar a la minera, el agua de un arroyo de montaña y que se frenara la declaración de impacto ambiental en la Legislatura‘. Por su parte, el nuevo reclamo de los ambientalistas de OIKOS, se basó en un pedido de inconstitucionalidad por una resolución del Ejecutivo en el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al emprendimiento minero. Conocido el fallo, Eduardo Sosa, titular de OIKOS aseguró que ‘estamos tratando de entender las razones del rechazo, la demanda tenía pruebas contundentes, estaban claras las irregularidades del proceso al igual que las amenazas contra la salud y el medio ambiente‘, y agregó que ‘por ahora estamos evaluando las estrategias judiciales y políticas que vamos a seguir, tenemos un menú de acciones a desarrollar, pero nos vamos a tomar nuestros tiempos. Éste será un proceso muy largo‘, explicó Sosa.
