Muchos gobiernos se autoproclaman revolucionarios, pero son solo improvisaciones ideológicas perecederas atadas a la vida política de su líder. Ni el socialismo de Fidel Castro ni el chavismo venezolano o la corriente ciudadana de Rafael Correa, tienen los atributos de las verdaderas revoluciones: transformación y liberación de los pueblos en beneficio de la humanidad.
La verdadera revolución de la que hoy todos somos protagonistas es la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación, lo que no pertenece a gobierno alguno, sino al sector privado que puede desarrollarlas. Esta descomunal fuerza transformadora demuestra una vez más que cuando el hombre vive en un clima de libertad, potencia su capacidad del conocimiento, innovación y creatividad.
Google anunció recientemente que ofrecerá pronto una banda ancha para acceder al internet cien veces más veloz que la mejor conexión actual en EEUU, lo cual prevé incuantificables beneficios en todos los órdenes -social, cultural, político, económico- características que, en perspectiva, podrán compararse en el futuro a los cambios profundos que la humanidad experimentó con la revolución humanista del Renacimiento, la evolución de los derechos humanos con la Revolución Francesa y el desarrollo económico tras la Revolución Industrial.
Digno de destacar tras el anuncio fue la actitud del gobierno estadounidense de felicitar a Google. La Comisión Federal de Comunicaciones aseguró que incluirá la iniciativa en el Plan Nacional de Banda Ancha, para estimular al sector privado a seguir contribuyendo con iniciativas similares, que generen inversiones, empleos y competitividad, bujías necesarias para la reactivación económica.
Contraria es la actitud que asumen aquellos gobiernos que se autodenominan revolucionarios, oponiéndose siempre a la libertad y a la información. Chávez es el caso característico; cada día arremete más contra esas dos virtudes. Hace unos días, bajo la excusa de remediar una crisis energética, trajo de Cuba al mago de la censura, Ramiro Valdés, ministro de Informática y Comunicación, para diseñar una estrategia de represión y filtrado del internet tan efectiva como la cubana.
Las señales son evidentes. Llama "terrorista" al microblogging Twitter que los universitarios usan para organizar protestas y despotricar, pide su regulación porque representa una fuerza "desestabilizadora" que no puede dominar, y tiene en Valdés a un asesor calificado para reformar la ley de Ciencia y Tecnología. Valdés sabe mucho de esto. Fue quien al poco tiempo de asumir su ministerio en el 2006, pregonó que "el potro salvaje" de las nuevas tecnologías y el internet "debe ser dominado", por ser "uno de los peores mecanismos de exterminio global que se hayan inventado".
La arremetida chavista no será directa. Vendrá en forma de regulaciones que aparentarán ser inocuas como el "horario de protección al menor" de la Ley de Responsabilidad Social del 2004 que regula a la radio y la televisión. Acabamos de observar cómo esa legislación sirvió de instrumento para cerrar medios de comunicación, como RCTV, media docena de canales y decenas de radio.
La estrategia no es creativa ni única. Muchos gobiernos escudan sus propósitos opresores justificando combatir la delincuencia. En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del 2005, cuyo objetivo era discutir sobre la gobernabilidad del internet y achicar la brecha digital entre los países, se pudo ver a los verdaderos jugadores. No es casualidad que quienes en aquel foro pedían un régimen regulatorio con el que se "administre" mejor el internet para "librarlo de la delincuencia", son hoy los gobiernos que más censuran las nuevas tecnologías: Cuba, China, Irán y Vietnam, entre otros. Valdés buscará que Venezuela sea parte de esta elite.
Por suerte, la posición cuerda que prevaleció en aquella Cumbre fue que la libertad debe reinar en el ciberespacio. Se argumentó que los diferentes delitos y crímenes que comete el hombre -pedofilia, fraude, terrorismo, incitación a la violencia u odio- no son propios de las nuevas tecnologías, sino cometidos a través de ellas, por lo que deben aplicarse las regulaciones existentes para castigar al delincuente, y no crear leyes especiales que sancionen al medio utilizado.
Esta verdadera revolución tecnológica-comunicativa que no solo presenciamos sino que protagonizamos, no podría manifestarse plenamente sin la debida libertad. De ahí tanta preocupación en la bancada de los gobiernos autoritarios y totalitarios.