El proyecto de ordenanza que apunta al blanqueo de cerca de 100 remises truchos que circulan en Caucete desató el rechazo en el gremio que nuclea, precisamente, a los taxis y remises. El eje de la polémica radica en que desde la Unión de Propietarios de Automóviles de Alquiler (UPADA) analizan que las licencias municipales que quiere entregar el intendente Juan Elizondo “es el paso previo para que las movilidades vengan a trabajar e incrementen el parque automotor que ya está saturado en el centro”, según dijo a DIARIO DE CUYO ON LINE el titular del sindicato, Víctor Carbajal. El jefe comunal respondió que lo único que están haciendo es regular el transporte interno en el departamento y el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Daniel Campos, afirmó que las autorizaciones sólo sirven para circular dentro de los límites de la comuna y que si detectan un vehículo que los traspase, “le caerán con todo el peso de la ley, porque es una situación ilegal”.

La preocupación del sector es que los remises cauceteros cuenten con un permiso para desarrollar la actividad, invadan el Gran San Juan, den vueltas buscando pasaje y realicen el denominado ‘colectiveo‘. “Esto atenta contra nuestra fuente de trabajo”, destacó Carbajal, quien agregó que “hacen política social con nuestra actividad. Lo invito al intendente a que saque plata de sus bolsillos y cree más concejalías o lleve gente a trabajar a la municipalidad”. Elizondo indicó que “la legislación está dirigida al departamento y no se va a invadir algo que no corresponda”.

La ordenanza que está preparando el Ejecutivo caucetero junto con los ediles justicialistas del Concejo Deliberante tiene como objetivo legalizar, por medio de la entrega de licencias municipales, a todos los remises que transitan por la comuna de manera irregular. En el proyecto además está previsto exigirles a los choferes que los autos cumplan con todos los requisitos que contempla la ley que regula el transporte de pasajeros, como la revisión técnica obligatoria, el seguro contra terceros y la licencia profesional, entre otros. “Es una facultad que tiene el municipio, a través de su carta orgánica, y es para ordenar el tránsito dentro de Caucete, porque nos preocupa la seguridad de las personas que viajan”, destacó el jefe comunal.

Desde UPADA, Carbajal señaló que los municipios no tendrían que dar ese tipo de habilitaciones debido a que la norma provincial prevé las licencias departamentales, que la entrega la Dirección de Tránsito y Transporte, a razón de 1 por cada 3 mil habitantes, y que permite que una movilidad pueda salir de su distrito de origen trasladando personas, pero no a la inversa. Por su parte, el secretario de Servicios Públicos expresó que “no puedo intervenir en las autonomías municipales” y explicó que un intendente puede otorgar los permisos que cree conveniente. Sin embargo, resaltó que si un vehículo con esa autorización traspasa las fronteras establecidas, “el autos es radiado de circulación y la causa es enviada a un juzgado de faltas para que establezca si le corresponde una multa”.

El tema de los controles es otro de los puntos en disputa. El presidente de UPADA aseguró que “no hay controles” y detalló que la rentabilidad de esos remises es trasladar los clientes hacia el Gran San Juan, recorrer las zonas céntricas y llevar gente hacia sus departamentos. Y el temor que señalan es que, en el futuro, obtengan un permiso oficial para hacerlo. Por esa razón, Carbajal dijo que se reunirán con el secretario de Servicios Públicos para pedir la “no habilitación de más licencias”.

El intendente señaló que si lo invitan a ese encuentro asistirá “con gusto a defender los intereses de los cauceteros, ya que no podemos permitir que nuestros ciudadanos se muevan en remises ilegales dentro del departamento”.