Una supuesta denuncia presentada por AFIP-DGI para que se investigue si en la Municipalidad de Jáchal hubo evasión impositiva, causó una fuerte reacción ayer en el sector oficial: "es un absurdo total. Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación del Juzgado Federal", aseguró el secretario de Gobierno municipal, Mario Luna.

Se trata de una denuncia que habría hecho el organismo recaudador que se inscribe en una causa que se tramita en la Justicia Federal, basada en una presentación que hizo en septiembre del año pasado el periodista jachallero, Jorge Morales.

Fue él quien ayer llamó a rueda de prensa en su comuna, para decir que ha corroborado que AFIP presentó la denuncia luego de que se tramitara su presentación del año pasado y aseguró que incluso ya hay instrucción fiscal para ahondar en el caso. Según ratificaron fuentes de la Justicia Federal a este diario, efectivamente están evaluando la denuncia de Morales, pero no dieron más detalles sobre si AFIP había avanzado también.

El caso de base es polémico y cobró notoriedad el año pasado, cuando en agosto de 2009, el intendente Jorge Barifusa dio marcha atrás con el pago de aguinaldos a toda la planta política -unos 15, incluyendo al Ejecutivo y al Concejo Deliberante- que reconoció que se hizo fuera de reglamentación.

Todo se gestó cuando en 2008 se fijó un aumento en las dietas por ordenanza donde se fijó que además del sueldo básico de alrededor de 3.000 pesos, los funcionarios empezaban a cobrar unos 4.000 pesos en concepto de "responsabilidad jerárquica", que no era remunerativo.

Según la denuncia de Morales, luego se calcularon al menos los dos aguinaldos de 2009 en base a la totalidad de los ingresos de los funcionarios, cuando más de la mitad del sueldo estaba "en negro". Esto fue tras un cambio en la liquidación que habría habilitado el asesor letrado municipal, tras un reclamo de los concejales de que se incluyera todo, es decir, para poder recibir el doble de dinero. La primera liquidación que se había intentado hacer era acorde a la normativa, o sea, sobre los conceptos remunerativos que están sujetos a aportes.

En su momento, el Tribunal de Cuentas "observó" la ordenanza que habilitó los pagos, apuntando que chocaba con la Ley de Jubilaciones, 24.241 que dice que la responsabilidad jerárquica siempre es remunerativa.

Entonces, Barifusa mandó a corregir la situación y a devolver en cuotas a los funcionarios -incluido él- lo mal cobrado, con una reflexión al final de la ordenanza: "errare humanun est".

Para Morales, estos cobros indebidos durante más de un año son un delito flagrante de evasión, ya que no se habrían hecho los aportes correspondientes de las sumas "en negro": "si yo me robo una bicicleta y después la devuelvo, lo mismo cometí el delito", graficó el periodista ayer. Aseguró que a él le consta que AFIP avanzó contra el municipio porque se lo dijeron en el Juzgado cuando lo llamaron para dar declaración testimonial.