La Corte Suprema de Justicia recibió los últimos informes sobre el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que ordenara hace casi tres años ejecutar a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, quienes disponen de financiamiento del BID y el Banco Mundial para las obras.
Casi nada ha variado desde que el Tribunal se hizo cargo de la mayor contaminación que afecta a un gigantesco conglomerado social, luego de que las reiteradas y frustradas denuncias a funcionarios políticos, legisladores y entidades ecologistas. El miércoles último, en audiencia pública, los magistrados fueron impuestos de algunos avances del la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), pero ínfimos debido a la lentitud con que se maneja un tema donde está en juego la salud de seis millones de habitantes que carecen de vivienda digna, sistemas cloacales, agua potable y reciben las emanaciones de gases tóxicos.
El Riachuelo es una cloaca a cielo abierto donde se vierten efluentes industriales y de excretas clandestinas, basura y deshechos que también crecen en ambas márgenes. Para tener una simple referencia de la exasperante lentitud de las obras a que intimó la Corte, basta señalar que de un total de 19.000 empresas que arrojan sus desperdicios a las aguas, sólo se han inspeccionado 9.928 hasta el mes pasado y de esa cifra hay 126 tienen planes de reconversión.
Mientras los activistas de la contaminación ideológica recorren el país minero y los políticos porteños especulan con la ecología mediática en su retórica antiminera, el histórico fallo de la Corte sobre el caos medioambiental existente en una cuenca de 2.200 kilómetros cuadrados sigue ignorado por quienes lo viven a diario.