La postura del presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Jorge Rivera Prudencio, de no someterse al control de la Contaduría General de la provincia no pasó desapercibida por la oposición en la Cámara de Diputados. El ibarrista Carlos Munisaga presentará un pedido de informe para que el titular del organismo explique el por qué de esa actitud. El legislador contará con el respaldo del interbloque del Frente Compromiso con San Juan y en el caso de que no haya respuestas, no descartó solicitar una interpelación.

Rivera Prudencio viene de ser designado por un nuevo mandato al frente del órgano encargado de controlar la prestación del servicio eléctrico en la sesión del jueves, en donde los opositores se hicieron eco de la polémica por la falta de rendición de un fondo especial al Tribunal de Cuentas y su negativa a la revisión de la Contaduría General. El primer organismo está analizando la situación y pretende corregirla (ver aparte), pero la imposibilidad del segundo de intervenir en el ente regulador lleva años y los opositores buscan que el funcionario se allane por primera vez a ese control, como las demás reparticiones públicas.

El EPRE se encarga de las revisiones tarifarias y el control de la prestación del servicio eléctrico y para que el pedido de informes llegue a sus oficinas, debe contar con el apoyo de la mayoría oficialista. Los opositores vieron como una señal de posible respaldo el hecho de que ningún diputado del PJ salió a defender a Rivera Prudencio cuando se discutió su predisposición a los controles.

El revuelo tuvo su génesis el lunes, cuando salió a la luz que el vocal del Tribunal de Cuentas Enrique Conti inició un expediente contra Rivera Prudencio, en el que pidió una sanción económica por no rendir cuentas durante 8 años del fondo especial que se constituyó para la construcción de la línea de 500 kV entre San Juan y Mendoza (Ver recuadro).

De esa polémica surgió que el funcionario no admite los controles de la Contaduría General. Esta última repartición, por ley, está facultada a llevar a cabo la revisión previa y concomitante de los gastos de todas las entidades públicas, salvo de las empresas estatales. El mismo Tribunal de Cuentas le ha manifestado a Rivera Prudencio que tiene que mostrar sus números ante la Contaduría e inclusive su titular, Rafael Herrera, le dijo a este diario que se lo han hecho ver varias veces, pero nunca han tenido respuestas. Al parecer, el funcionario elude esa instancia porque generó mecanismos de control internos, amparándose en la ley de creación del EPRE, que dice que es autárquico y dicta normas propias.

Frente al reiterado desobedecimiento, el diputado Munisaga aseguró que presentará el pedido de informe para conocer las razones de por qué el EPRE no acepta la lupa externa. Los distintos referentes del interbloque resaltaron que acompañarán la solicitud.

El principal frente opositor busca profundizar esa discusión, la cual se esbozó en la última sesión en la Legislatura. El propio Munisaga había criticado que el ente regulador se ha convertido en “un súper poder” porque su presidente “no deja entrar a los delegados fiscales”.

Rivera Prudencio lleva al frente del organismo casi 2 décadas y fue designado, a propuesta del Ejecutivo, por otros 6 años más. Por su experiencia y conocimientos, aventajó por varios cuerpos a sus 2 rivales en el análisis que llevó a cabo el tribunal de especialistas que puntuó a los postulantes. El jueves, hubo cruces entre los diputados debido a que el pliego con la postulación del titular del EPRE había ingresado ese mismo día y el oficialismo apuntó a que se tratara y se aprobara inmediatamente para que no hubiera acefalía, cosa que finalmente sucedió. La oposición quería que se derivara a comisión. Es decir, en ese momento cuestionó las formas, pero aclaran que esa discusión ya quedó zanjada y que ahora la mira está puesta en que el ente regulador esté sujeto a todos los controles, como cualquier repartición pública.