-¿Cómo es la experiencia chilena con los tribunales de droga? -Llevamos diez años con este tema y se ha ido de manera creciente. A través del tiempo se ha ido fortaleciendo para generar un espacio mucho más amplio de intervención. Fue fundamental también la coordinación entre las instituciones porque ha permitido que se asuman compromisos para trabajar en el programa. -¿Cómo funciona el sistema? -Desde que el sujeto cae detenido, se hace un diagnóstico para determinar si hay consumo de droga y después se fija una audiencia para aprobar la suspensión del juicio a prueba. Después el fiscal solicita la aplicación del mecanismo, es decir que lo propone, se conversa con el defensor y si se acepta, el imputado se somete a un tratamiento como condición de la suspensión del juicio a prueba. En la misma audiencia, el juez establece un plazo y las condiciones. El acusado es derivado a un organismo para su tratamiento, que puede ser ambulatorio o con una internación. Si el detenido cumple con el tratamiento, se los sobresee definitivamente de la causa. -¿Para qué tipo de delitos se aplica? -Es para delitos con una condena de hasta tres años, según la legislación chilena. Por ejemplo, robo sin violencia, hurtos, lesiones y violencia intrafamiliar. -¿Analizan aplicar el sistema para delitos más complejos? -Sí, hay un anteproyecto que se va a discutir en el Parlamento que es ampliar los delitos con una condena de hasta 5 años porque necesitamos más candidatos en el sistema porque nos hemos dado cuenta de que es un extraordinario aporte a la reducción de la reincidencia. -¿Qué resultados ha dado el programa? -Por ejemplo, se ha reducido la reincidencia entre un treinta a un cincuenta por ciento en el caso de nuestro país.
