El Gobierno brasileño, con el auxilio del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó a articular fuerzas ayer frente a un eventual juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff, cuyos trámites pueden ser retomados este mismo mes.
Lula, el líder más carismático del país, aunque su
popularidad haya sido golpeada por investigaciones sobre supuesta corrupción, se reunió en Brasilia con un grupo de senadores y diputados de la base oficialista a los que instó a mantener la ‘unidad‘ ante el posible reinicio del proceso contra Rousseff.
En especial, el mensaje de Lula se dirigió a la principal fuerza de la coalición gobernante, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, aunque alberga en su seno a fuertes corrientes disidentes.
El PMDB celebrará el próximo sábado una convención nacional, en la que esas alas más díscolas ya han anunciado que exigirán que el partido abandone el Gobierno o que al menos adopte una posición de ‘independencia‘, a fin de liberar a sus parlamentarios de cara al posible juicio político contra Rousseff en el Congreso.
Junto a los partidos de la oposición, la disidencia del PMDB ha
respaldado las manifestaciones que grupos de la sociedad civil han convocado para el próximo domingo en todo el país en apoyo al posible juicio con miras a la destitución de Rousseff.
El juicio político contra Rousseff comenzó en diciembre pasado en la Cámara de Diputados pero fue suspendido por la Corte Suprema debido a lo que el tribunal calificó como ‘errores de procedimiento‘. Luego del receso judicial de enero la Corte definió la forma y publicó su decisión el martes pasado, con lo cual despejó el camino para la reanudación del proceso, que según el PSDB deberá ocurrir este mismo mes.
En las últimas semanas, las averiguaciones en torno a las graves corruptelas en la estatal Petrobras se han aproximado al Gobierno y alcanzaron a Lula, antecesor y padrino político de Rousseff y líder del PT, al que también pertenece la mandataria.
El proceso contra Rousseff hasta ahora está fundamentado en unas irregularidades fiscales detectadas en 2014 y 2015. Sin embargo, el PSDB adelantó que pretende anexar nuevas sospechas en torno a una posible financiación ilegal de la campaña que llevó a la reelección de Rousseff en 2014. Fuente: Efe