Con un escenario evidentemente desfavorable en el Congreso de la Nación para los intereses del Gobierno provincial en cuanto al proyecto sobre protección de glaciares, y al verse prácticamente contra las cuerdas -ayer aseguró a DIARIO DE CUYO on line el diputado Agustín Rossi jefe de la bancada oficialista que esta nueva legislación no será vetada por la Presidenta- ya se empiezan a barajar algunas alternativas para que la provincia salga airosa de esta coyuntura, porque a la ya conocida y sancionada Ley Provincial de Protección de Glaciares, se le suma una variante hasta ahora desconocida: la idea que se maneja en Casa de Gobierno, es seguir la estrategia que adoptó Misiones cuando se sancionó a nivel nacional una Ley de Bosques que trastocaba algunos interés locales y fue allí cuando esa provincia decidió apoyarse en una normativa local sancionada hace más de 30 años para al menos dilatar la aplicación de la ley nacional, que todavía está lejos de pasar por el recinto legislativo misionero para que se adhiera la provincia mesopotámica.

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Ley Nacional de Protección de Glaciares tiene ante todo un denominador común, y es que ambas fueron impulsadas por el mediático legislador por Buenos Aires Miguel Bonasso. En el primero de los casos, el proyecto lo presentó en junio del 2006 y fue aprobado el 28 de noviembre del 2007, pero recién reglamentada en febrero del año pasado, y en el caso que toca más de cerca a San Juan, Bonasso tomó la legislación vetada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner -que era de autoría de la ex diputada del ARI Marta Maffei- y arremetió nuevamente desde la Cámara baja.

En Misiones la madera que se extrae de los bosques implica casi el 90% de la economía de la provincia, es por eso que el Gobierno decidió ponerse firme y optó por seguir aplicando las normas locales -Ley 854- de control forestal que tenían hasta ese momento vigente y que hasta la fecha se siguen aplicando, mientras "duerme" la legislación nacional a la espera de la adhesión, que si bien ayer el ministro de Ecología de Misiones en dialogo con este diario aseguró que "nosotros contamos con numerosas normativas, pero tarde o temprano vamos a adherir a la Ley 26.331 (Ley de Bosques)".

En la ley de bosques y la de glaciares, aparece una cosa en común que es clave a la hora de aplicar o no una normativa y es la discusión de los límites, que para la realidad misionera tiene que ver con determinar hasta donde se pueden talar arboles y cuanto hay que conservar, pero hay una ventaja comparativa que tiene la Ley de Bosques, que por cierto no es nada despreciable, porque los campos que queden exentos de talar sus árboles recibirán un subsidio a modo de compensación.

Ayer un legislador nacional sanjuanino deslizó por lo bajo que si no resulta hacer valer los derechos que impone la Constitución Nacional – amparados en los artículos 41 y 124- para que cada una de las provincias puedan decidir sobre sus recursos naturales, se buscará judicializar el tema -en un principio y si se dan las circunstancias, sería la Corte Suprema de la Nación la que daría una respuesta para saber hasta dónde tiene injerencia la ley nacional y hasta dónde la provincial-, y es allí donde San Juan podría valerse del antecedente del "Caso Misiones" con la Ley de Bosques para obtener un buen rédito. Otro tema que aparece en el horizonte como clave, es que como la ley nacional habla de "presupuestos mínimos" es decir normas generales, serán las provincias las que terminen "hilado fino" a la hora de tomar decisiones sobre casos puntuales.