Retumbaron las radios porteñas lunes y martes con el asunto de los glaciares, pero siempre con lo que tienen más cerca: las imágenes frescas -nunca más literal- frente al Congreso, los legisladores más preocupados -que curiosamente son los de los lugares más alejados a este supuesto desastre ambiental- aturdiendo con sus inminentes calamidades y su reciente preocupación por el agua cordillerana, y la señora de a pie repitiendo que hay que proteger eso que impulsará las futuras guerras.
Hasta que a algún rotativo informativo se le ocurrió presentarlo como una curiosidad: ¿Saben lo que hicieron los sanjuaninos? Salieron a la calle, pero para rechazar la ley.
Competencia de clisés y frases hechas, todo bien repetido pero sin la más mínima intención de entrar al asunto con un mínimo de información. Que la minería contamina y hay que salvar al mundo -o al menos al país- de ella, que la Barrick es el lobby más poderoso del país. Y ahora, que ser sanjuanino es sinónimo de sospechoso por alguna cierta ligereza en conciencia ambiental. Alcanza con subirse a un taxi para que estos adorables personajes porteños batan la justa sobre el asunto.
Curioso todo, especialmente por haber sido esta semana epicentro informativo a metros siquiera del mayor descalabro ambiental de la historia argentina, que misteriosamente no ocupa sitio en la agenda ni de los medios ni de la política pese a un fallo de la Corte para ocuparse de manera urgente: el Riachuelo. O que la última novela minera como es el emprendimiento de potasio en Río Colorado no haya despertado ninguna inquietud por el agua que el país bien pensado se propone defender, aunque este emprendimiento en el límite entre Mendoza y Neuquén demande la utilización de más agua y más energía -en este caso el gas- que Veladero y Pascua-Lama.
No señor, el epicentro de las sospechas somos los sanjuaninos por esos misterios de la comunicación y la politiquería. De allí la curiosidad por que un numeroso grupo de manifestantes poco convencionales salió a la calle esta semana, en una demostración que dejó sensaciones encontradas: una buena, que la gente se involucre en lo que parece ser una disputa que no la tuvo en cuenta; y una mala, que las empresas pongan a su gente en las calles y sigan manteniendo silencio.
Se trata Glaciares de una cruzada edificada en base a la búsqueda del desgaste y la obtención de rédito político, como otros tantos asuntos que circulan por los pasillos del Congreso. Y su combustible es el recitado sistemático de datos falsos que derraman hasta el taxista y que generan esas frases hechas que luego penetran como puñal. Y que pueden ocasionar daños irreparables.
Hay algunos datos sobre este juego político capaces de asustar. Por ejemplo, que el Senado aprobó este año un proyecto por unanimidad -la ley Filmus- que ahora esos mismos senadores se proponen corregir por uno supuestamente superador. Por unanimidad de en serio, no esa unanimidad trucha del proyecto Maffei que fue canjeada por el oficialismo con la oposición y no fue debatido ni en Diputados ni en Senadores.
Eso hizo que ahora los senadores -como antes los diputados- anden a las patinadas. Como le pasó a Roberto Basualdo, que votó aquella ley Filmus y luego anunció que votaría la reforma de Bonasso para finalmente asegurar que no le gusta ninguna de las dos, ni siquiera la que él mismo votó.
A tal dimensión alcanzan los manejos políticos de los datos técnicos, que suceden cosas como éstas. El senador Basualdo y el diputado Ibarra aseguran que el proyecto Bonasso es el que permite de mejor manera el túnel a Chile y son permisivos con la minería. Para desmentirlo no hace falta más que escuchar al propio Bonasso, autor de la ley: en el 95% del tiempo que empleó para presentar su proyecto en Diputados -el mismo que ahora va al Senado y se propone reemplazar al de Filmus- lo hizo para demonizar la actividad minera en San Juan y asegurar que su proyecto está diseñado para detenerla. Entonces, si el autor dice que su proyecto es para frenar a la minería en San Juan -megaminería, transnacional y contaminante la califica- ¿porqué sus intérpretes sostienen lo contrario?.
Otro fenomenal ejemplo de manejo político lo entregó el propio senador Filmus. Fue él quien armó un proyecto oficial luego del veto presidencial de la ley Maffei, fue él quien se trenzó con Bonasso en los estudios de televisión con adjetivaciones fuertes y al día siguiente corrió manso al despacho del diputado a capitular, a lo que luego se le llamó proyecto +unificado+. Es que Filmus debía resolver varios problemas políticos: evitar una nueva derrota kirchnerista en el Congreso y despejar su carrera política en la Capital donde asombrosamente es un tema los glaciares y no es un tema el Riachuelo.
Así las cosas, el debate en el Senado está más apoyado en el terreno político que en el técnico. Los sectores políticos que fogonean la nueva ley pretenden dejar en evidencia el discurso oficial en materia medio ambiental y minería. Porque el proyecto Bonasso es casi calcado al que Cristina vetó. Entonces, una nueva ley obligaría a volver a vetar y pagar costos, cosa que la Presidenta ya anunció que no hará. Y si no lo hace, entraría en contradicción con su veto anterior. Apetitoso plato discursivo para la campaña.
Ahora se viene el tiempo de las especulaciones sobre el voto de cada senador, con un plazo ahora dilatado hasta fin de mes. Desde el punto de vista de la estrategia y los intereses de la actividad, la urgencia marca resolver el asunto cuanto antes y sacarlo de las luces de neón del Congreso. Tiene destino esta ley de ir a debatir a Tribunales porque entra en conflicto con la propia Constitución Nacional, que en su artículo 124 dice que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales".
En el recinto, será clave ver de qué lado se encolumnan los oficialistas, donde conviven Filmus y senadores de provincias mineras. También, qué hará el radicalismo, partido de tradición minera pero escudado en una definición ambigua: a favor de la minería que no contamine, como seguramente pretenderán todos. Y el Peronismo Federal, donde reviste Basualdo y hasta el propio Menem (¿será bueno para la causa que vote a favor?).
Allí, en el Congreso y en Tribunales, será donde sobrevuele el desafío de despojar de intereses políticos al desarrollo de una región. Que colisionan en varios puntos de la ley que llegó al Senado. El artículo 2, que define al ambiente periglacial "al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico" en alta montaña, también en la media y la baja montaña. Esa definición tan imprecisa puede abarcar a toda la cordillera y genera incertidumbre, aunque la lectura de los defensores de la ley es que se limita sólo al 1,5% de la geografía provincial. Luego, el artículo 6 prohibe toda actividad en esa zona periglacial que no se sabe cuál es y el artículo 15 frena por 6 meses los proyectos y establece sanciones. Cualquiera entiende que esa ley es un riego para la actividad minera y no un control para ella: la zona vedada puede ser un glaciar, pero también un charco congelado.
El monstruo con el que hay que luchar es el falso dilema de que los sanjuaninos que rechazan la ley son lobbystas al servicio multinacional y los que la defienden son saludables caballeros de conciencia ambiental. Como dijo un amigo porteño, acá la minería es como el tráfico de armas: no podés argumentar por las familias enteras que tienen empleo con ella. Y en esta película, a San Juan le tocó el rol de villano.