El Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia a las autoridades porteñas, nacionales y bonaerenses, está lejos de alcanzar las metas a partir de una intervención que sucede a las sucesivas frustraciones anteriores.

Un informe crítico de la Auditoría General de la Nación (AGN), elevado a la Corte, advierte serias irregularidades en los trabajos encomendados al ente ejecutor, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), desde la impericia hasta la morosidad, a pesar de la urgencia de sanear el área más contaminada de la Argentina y una de las mayores del mundo.

El relevamiento de la AGN observa rendiciones de cuentas incompletas, falta de informes que justifiquen desvíos financieros y físicos y hasta comprobó alteraciones en los sistemas de medición de los avances de diferentes obras de limpieza e infraestructura, lo que le permite a la entidad mostrar un mayor grado de cumplimiento y/o reflejar una mejor situación de la zona comprendida, lo que no es tal.

Esto puede derivar, por ejemplo, en que aumente en apariencia la cantidad de establecimientos clausurados por contaminación, cuando no es la realidad, es decir sigue el derrame de efluentes tóxicos, o que parezca mayor la fiscalización en establecimientos allí instalados, a partir de ciertos cambios en los procedimientos para calcular indicadores. Supone por ello que luego de cinco años del fallo de la Corte, el 8 de julio de 2008, todavía no se sabe cuánto tiempo van a llevar las obras y tampoco el monto a invertir.

La sectorización interna de la Acumar plantea cuadros caóticos, como el caso del Programa 86, a cargo del arquitecto Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente de la Nación, en donde mayores irregularidades se detectaron y más problemas tuvo la AGN para acceder a la información. En ese sector se advierte falta de documentación, insolvencia en la planificación de las obras hidráulicas o de infraestructura, redeterminaciones de precios sin la correspondiente notificación a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el irregular otorgamiento de anticipos, certificados que no cumplen con la formalidad necesaria y la falta de registro de plazos de inicio y de finalización de las obras.

Afortunadamente la Auditoría observa lo que no ven las organizaciones ecologistas, ni los políticos y militantes antimineros, aunque transiten cerca de una cloaca abierta que daña a más de cinco millones de personas.