Según me dijo un alto funcionario estadounidense: ‘Venezuela estará ciertamente en la agenda de las discusiones.’ Sea o no coincidencia, Paraguay, Argentina y Brasil fueron los países que anunciaron su oposición a que Venezuela asumiera la presidencia rotativa del Mercosur, por no cumplir con los compromisos democráticos del grupo.
El bloque tiene una presidencia rotativa que cambia cada seis meses, y que fue ocupada por Uruguay hasta el 30 de julio. La democión de Venezuela incluso después de que se proclamara unilateralmente presidente del bloque fue una de las derrotas diplomáticas más vergonzosas en los últimos tiempos. Entretanto, el país se está convirtiendo rápidamente en una dictadura cívico-militar con una creciente crisis humanitaria. Se estima que la economía venezolana caerá un 10% este año. Según los pronósticos más optimistas, la inflación será del 500% la mas alta del mundo y del 1.700% el año próximo. Los estantes de los supermercados están semi-vacíos, hay escasez de medicinas esenciales.
El presidente Nicolás Maduro ha colocado a militares a cargo de la mayor parte del gobierno para evitar un caos aun mayor, y firmó un decreto estilo cubano que permite reclutar a la fuerza a personal para que trabaje en el campo. Amnistía Internacional ha descrito la medida como ‘equivalente al trabajo forzado’. Mientras crece la violencia callejera y Venezuela se hunde en el caos, Maduro y sus jefes militares cierran todas las posibilidades para una normalización política y económica.
A pesar de la victoria abrumadora de la oposición en las elecciones legislativas del 6 de diciembre que le dio el control absoluto de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro ha bloqueado ilegalmente casi todas las leyes aprobadas por el Parlamento. Y ante el hecho de que más del 70% de los venezolanos quiere desplazar a Maduro a través de un referendo revocatorio, permitido por la Constitución, el gobierno pone todo tipo de obstáculos.
Maduro usa tácticas dilatorias para posponer el referendo revocatorio hasta el año próximo, cuando bajo la Constitución no habría una elección general para reemplazarlo. Según la ley, si el revocatorio se celebrara después de la mitad del mandato de Maduro, el 10 de enero de 2017, y se decidiera revocarlo, sería reemplazado por su vicepresidente, que gobernaría hasta el final del mandato en 2019.
El Consejo Nacional Electoral, controlado por Maduro, exige que la oposición reúna en un plazo de tres días 4 millones de firmas pidiendo el referendo revocatorio, pero dilata la decisión sobre la fecha para votar, y posterga la habilitación de las máquinas de votación. A menos que Maduro deje de sabotear el proceso, será muy difícil realizar el referendo revocatorio este año.