Algo más de un año y medio después de que cayeran detenidos, este diario accedió a la transcripción de segmentos clave de las escuchas telefónicas que comprometen a dos contadores del Estado procesados por un presunto caso de coima. Carlos Alejandro Correa quedó implicado por una cámara oculta que hizo la Justicia cuando recibía la plata de un proveedor a cambio de dejarlo participar en un concurso de precios para desinfectar el Penal de Chimbas y las grabaciones confirman su complicada situación. Mariela Fernández había asegurado no tener nada que ver con la maniobra, pero la evidencia revela que mantuvo conversaciones sobre el tema con su colega a espaldas de la víctima y en una de ellas le recriminó que le estaban mintiendo acerca del intercambio de favores y el monto que iba a pagar el empresario.
Las escuchas, que por primera vez salen a la luz, constituyen la principal prueba en la causa judicial porque reflejan cómo se tejió el supuesto delito. Las mismas se realizaron por orden del juez Pablo Flores después de que el proveedor Luis Guerra denunciara que le estaban pidiendo dinero para no quedarse afuera del concurso, es decir unos días antes de que Correa y Fernández fueran detenidos. Correa es delegado fiscal y fue detenido en junio de 2013, cámara oculta mediante, cuando Guerra le daba plata en una café. Fernández es la contadora del Ministerio de Gobierno, de donde depende el Penal, y cayó minutos después, aunque se vio beneficiada con una detención domiciliaria. Los dos fueron procesados en octubre de 2014 por el delito de exacciones ilegales, que es cuando un funcionario hace uso de su cargo para cobrar o hacerse pagar dinero en forma indebida.
Guerra sabía de las escuchas y en uno de los contactos telefónicos le dice a Correa que le va a entregar el dinero y la respuesta que obtuvo fue ‘Sí‘. Incluso, le pide que lo deje pasar en futuros concursos y su interlocutor contesta: ‘Sí, en la medida que negociemos‘. Por último, le pide que no le cuente a la contadora.
En tanto que Correa le dice a Fernández que habló con Guerra y le da a entender que no cerraron trato porque daba vueltas y que ‘no se tiraba a la pileta‘. De acuerdo a la prueba, ante ese relato y en alusión al proveedor, ella pronunció varios insultos.
Guerra era supuestamente cliente de Fernández y quien le había dicho que el delegado fiscal quería plata. En la conversación que mantuvieron más tarde, él le dice que va a entregar la plata y ella no le cuenta que paralelamente hablaba con su colega. Es más, cuando cortó, tomó contacto con Correa y lo puso al tanto de la conversación.
En esa sugerente comunicación con Correa, la contadora le asegura que ‘uno de los dos me miente‘. Paso seguido, le reprocha que ‘han cerrado por una cifra‘ y ‘que él te ha ofrecido veinte‘, cuando a ella le había dicho días antes que era menos. ‘Veinte‘, interpreta el juez, son los 20 mil pesos que iba a recibir el delegado fiscal.
Fuentes cercanas a Correa aseveraron, a modo de atenuante, que fue la contadora la que le propuso el negocio porque ella tenía de cliente al proveedor. Fernández, en su momento, aseguró que no tuvo intervención en la maniobra y que en la denuncia, Guerra la desvinculó del pedido de dinero del delegado fiscal.