La decisión de suspender a Paraguay, tanto del Mercosur, como de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), en la última reunión en Mendoza, resulta una acción ilegal. En el caso del Mercosur, porque su Tratado Constitutivo, en su Artículo 20, aclara expresamente que la aprobación de las solicitudes de ingreso de terceros Estados debe ser objeto de "decisión unánime de los Estados Partes”. de todos y cada uno de ellos.
La cuestión de la pertenencia a la organización, supone que no se puede excluir a ningún Estado de ese derecho esencial, nada menos que el de elegir a sus socios. Además, un Estado suspendido sigue siendo Estado Parte del Mercosur, pese a la suspensión. En el caso de la Unasur, peor aún: porque se utilizó contra Paraguay un instrumento, el llamado "Protocolo de Ushuaia”, que para ese país simplemente no era vinculante, desde que no lo había ratificado.
El Mercosur ya no funciona como mecanismo de integración sino que, por el contrario, se ha transformado en un mecanismo político orientado sólo por razones ideológicas dictadas por algunos presidentes. Hay, sin embargo, razones adicionales para calificar a lo sucedido en Mendoza de ilegal. En primer lugar, no se escuchó a Paraguay, país que entonces no se pudo defender. El Mercosur no creyó necesario dar un minuto a Paraguay para defenderse, mostrando así una notable arrogancia.
Cabe asimismo puntualizar que la "suspensión” dispuesta de los derechos y obligaciones de Paraguay en el Mercosur se limita sólo, según el Artículo 72 (a) de la Convención de Viena de 1969, a los derechos y obligaciones que tienen que ver con las relaciones mutuas entre los Estados Parte, no respecto de terceros, como es el caso de Venezuela.
Además, el procedimiento utilizado en el Mercosur violó asimismo el Artículo 65 de esa Convención, que dispone que la parte contra la que se pretende suspender los derechos y obligaciones bajo un tratado debe disponer de, por lo menos, tres meses para "dar sus razones” y hacer sus observaciones, para defenderse. Por todo ello, en Mendoza no se respetó la igualdad entre los Estados Partes porque a Paraguay se lo ignoró. A esto hay que sumar el desprecio del principio tradicional de nuestra región de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, que ha comenzado a ser reemplazado por una suerte de "derecho a la injerencia”.
Ha quedado así de manifiesto el desprecio al derecho internacional, impulsando la desnaturalización del Mercosur y transformándolo en un instrumento al capricho de la política.
