La Cámara de Diputados debatía anoche el proyecto de reforma del sistema de Inteligencia impulsado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una sesión donde el oficialismo confía en imponer su mayoría para convertirlo en ley.
El debate, que según lo esperado iba a extenderse hasta horas de la madrugada de hoy, comenzó pasadas las 21.30 de ayer. Esta vez, a diferencia del debate en el Senado realizado hace dos semanas, algunos bloques opositores ingresaron al recinto de la Cámara Baja.
Antes de dar comienzo a la sesión, la oposición pidió un minuto de silencio para el fallecido fiscal Alberto Nisman, muerto en circunstancias aún sin aclarar cuatro días después de denunciar a Cristina de encubrir a los presuntos autores iraníes del atentado contra la mutualista judía AMIA en 1994.
El Gobierno enmarcó la muerte de Nisman, quien estaba a cargo de la investigación del ataque que causó la muerte de 85 personas, en una operación de desestabilización de agentes de inteligencia desplazados de sus cargos en diciembre pasado e impulsó la reforma que ayer comenzó a debatirse en Diputados.
En el recinto, el oficialismo da por descontado tener los votos necesarios para aprobar la ley que creará un nuevo sistema de Inteligencia en Argentina.
Al dar inicio a la discusión, la diputada kirchnerista Diana Conti aseguró que se trata de una ‘pelea por la democratización de los servicios de inteligencia en el país y la ruptura del maridaje que se da perversamente entre sectores del poder judicial, los organismos de inteligencia y algunos sectores de la política‘.
La iniciativa prevé la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la cabeza de los servicios secretos a nivel nacional, que supondrá la disolución de la actual Secretaría de Inteligencia (SI), aunque se nutrirá del mismo personal que actualmente la compone.
La AFI será el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que quedará constituido en un plazo de 120 días. El organismo será conducido por un director general, que tendrá rango de ministro, que será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y podrá ser removido por el gobierno. Los organismos de inteligencia pueden participar en investigaciones criminales si existe un requerimiento previo y fundado judicial.
Uno de los principales y más cuestionados puntos del proyecto es el traspaso del sistema de escuchas telefónicas a la órbita de la Fiscalía General, encabezada por Alejandra Gils Carbó, cuestionada por la oposición por su proximidad a la presidenta.
La oposición rechaza el proyecto oficialista al considerarlo una maniobra para desviar la atención del sonado caso por el fallecimiento del fiscal Nisman. ‘Aprobaríamos el proyecto si eliminaran la SI y todo su personal y, además, eliminaran todo el presupuesto que en exceso se dio para dar inteligencia interior al general (y jefe del Ejército) César Milani. Nada de esto ocurre‘, remarcó la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió en el debate.
El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado el pasado 11 de febrero solo con los votos del oficialismo y sus aliados.
Los cambios sobre los servicios de Inteligencia fueron iniciados por el Ejecutivo a fines de 2014, cuando Cristina removió a la cúpula de la Secretaría de Inteligencia y puso al frente del organismo a Oscar Parrilli, exsecretario general de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos a la mandataria.
En ese momento, debió renunciar Antonio Stiuso, exjefe de Operaciones de la SI y una de las figuras principales de la polémica generada por el caso Nisman. El Gobierno de Argentina renovó ayer sus acusaciones contra Stiuso, a quien denunció el martes pasado por presunto contrabando, y declaró que el exjefe de la SI deberá probar su declaración de que el
Ejecutivo estaba al tanto de las escuchas que el fiscal Nisman usó para confeccionar su denuncia a la presidenta. Fuentes: Efe, DyN y Télam