Buenos Aires, 12 de marzo.- El fiscal nacional de
investigaciones administrativas, Manuel Garrido, quien había impulsado múltiples denuncias contra funcionarios nacionales, renunció hoy a su cargo tras acusar al gobierno de intentar limitar sus atribuciones.
La renuncia fue confirmada en el ámbito político, donde
Garrido había encontrado el apoyo de numerosos dirigentes de la
oposición.
El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
(FIA), sin embargo, eligió el silencio tras dejar trascender su
alejamiento y cerró su teléfono frente a las consultas del
periodismo.
"Me había comentado que sentía que le había quedado un campo
muy reducido de acción", afirmó a DyN el dirigente radical Ricardo
Gil Lavedra, quien había designado a Garrido al frente de la
Oficina Anticorrupción (OA) cuando fue ministro de Justicia.
En las oficinas del jefe del fiscal, el procurador general de
la Nación, Esteban Righi, aseguraron que no habían recibido
ninguna notificación oficial que confirmara la renuncia.
"Lamento mucho el alejamiento de un funcionario independiente
y con voluntad de investigación", agregó Gil Lavedra.
La FIA, dependiente de la Procuración General de la Nación, es
el órgano encargado de investigar hechos de corrupción y de
irregularidades administrativas cometidas por funcionarios de la
Administración Pública Nacional.
Entre los funcionarios actuales cuya investigación pidió
Garrido figura el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por el caso de las presuntas anomalías en las mediciones del INDEC.
También apuntó contra Néstor Kirchner por supuesto
enriquecimiento ilícito, Enrique Albistur (secretario de Medios) por la distribución de la publicidad oficial, Ricardo Jaime (secretario de
Transporte) por presuntas anomalías en la remodelación de
locomotoras, la ex ministra de Economía Felisa Miceli por lo bolsa con dinero encontradas en un baño; el ministro de Planificación Julio De Vido y el vocero Miguel Núñez por presuntas anomalías con sus autos, entre otros.
Desde la OA impulsó denuncias contra el ex presidente Carlos
Menem, el ex titular del PAMI Víctor Alderete y los ex funcionarios
María Julia Alsogaray, Erman González, Claudia Bello, Raúl
Granillo Ocampo y Germán Kammerath.
También acusó a funcionarios de la Alianza: el ex interventor
en el PAMI, Ángel Tognetto y Basilio Pertiné, Fernando De la Rúa y
el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes por los sobornos en
el Senado para la reforma laboral.
El titular del bloque de senadores radicales, Ernesto Sanz,
afirmó hoy que la renuncia "es una muy mal noticia para la salud de la República", porque "era uno de los pocos que se le animaba al poder.
Sanz dijo que por esa causa Garrido fue "ninguneado,
maltratado y acorralado por este Gobierno.
"Espero que la sociedad advierta que esta renuncia es
muchísimo mas grave que la de Riquelme", sostuvo Sanz.
El pliego de Garrido fue enviado al Senado por el ex
presidente Kirchner a fines de 2003 y su aprobación completó su
designación.
Entre 2004 y 2007, la Fiscalía presentó 40 denuncias
judiciales de hechos de corrupción y se recibieron 1087 denuncias, mientras que entre 2000 y 2003 sólo habían llegado al organismo 231.
A su vez, el diputado de la Coalición Cívica, Adrián Pérez,
consideró hoy que la renuncia "es consecuencia de la política del
Gobierno destinada a destruir los organismos de control".
Esteban Bullrich, diputado del PRO, dijo que "esto es una
muestra clara de lo que hicieron los Kirchner en estos cinco años por la Justicia: obstruirla. Y junto con ella, a todos los organismos
de control".
"Esto comenzó con un amedrentamiento que incluyó el recorte de facultades y el continuo apriete a jueces que investigan causas por corrupción que involucran a funcionarios de este Gobierno", añadió el diputado.
