El Gobierno efectuará un "veto total" de la ley que declaró la emergencia agropecuaria que por "por error" incluía la eliminación por 180 días del pago de retenciones en varios distritos bonaerenses, porque su contenido "es de muy mala calidad" y "deja huecos por todos lados".
Así lo anticipó ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, abriendo una nueva polémica con el campo, que a través de una carta enviada anoche a la Presidenta, pidió que no se vete la ley que fue aprobada el jueves y que, entre otras cosas, aplica una reducción del 50% de las retenciones en 37 de los 164 distritos bonaerenses.
Sabrán cuáles son las razones y porque se llegó al punto en que se llegó, pero tengo muy en claro que la norma es de muy mala factura y nos obliga a nosotros a tener que vetarla", confirmó Aníbal Fernández en declaraciones a radio Continental.
Al ser consultado sobre si el veto es parcial -es decir, al artículo 4 cuestionado-, el jefe de Gabinete respondió: "no, es veto total" y agregó: "en principio, sí (se veta toda la ley), pero es un tema para análisis del día de hoy -por ayer- y se los cuento cuando lo tengamos terminado".
El jefe de los ministros agregó que el proyecto "es pésimo, de muy mala factura y deja huecos por los cuatro costados, y en ninguna condición uno puede aceptar un proyecto de esta característica que sabe como empieza y nunca como termina". Fernández ofreció una explicación técnica acerca de los motivos por los cuales el artículo 4 de la ley, que prevé una rebaja de hasta el 50% en los derechos de exportación por 180 días en 37 de los 134 distritos bonaerenses, es de "imposible cumplimiento".
"Se supone que el objetivo es beneficiar a los productores a la hora de comercializar su producción, pero a esta altura del año los productos agropecuarios ya comercializaron fundamentalmente el trigo. Ergo el precio pagado por los exportadores ya incluyó el descuento de los derechos de exportación. Ya está vendido y ya esta pagado con descuento", precisó.
En ese sentido, el funcionario dijo que el proyecto entonces "lo único que haría sería beneficiar o a los acopiadores o a los exportadores que disponen de ese producto", ya que "de ese modo no se está asistiendo a los productores que padecen la sequía, se les está otorgando un beneficio para la próxima comercialización de la próxima cosecha".
Fernández planteó entonces los siguientes cuestionamientos: "¿Cómo harían para identificar al producto afectado por la sequía?, ¿Cómo se determinaría la procedencia o la trazabilidad de los granos y nada menos que en 30 días como prevé la ley?".
Asimismo indicó que "podría suceder que la producción fuera para el mercado interno por lo cual no tendría rebaja de derecho de exportación, y podría utilizarse la documentación respaldatoria de esa compra para exportar granos de otro origen".
Según el jefe de ministros, "esta maniobra sería de muy difícil detección, con lo cual el proyecto es pésimo y nos obliga a nosotros a tener que vetarlo".
El anuncio fue duramente criticado por la oposición porque "el Ejecutivo desconoce una ley votada por unanimidad por el Congreso". Y el campo le escribió a Cristina.
En la misiva los ruralistas rechazaron que la iniciativa haya sido aprobada por error y señalaron, por el contrario, que "no puede dudarse la clara intención de los Diputados y Senadores de la Nación al votar el art. 4º de la Ley, de morigerar el impacto de la imposición más regresiva ante la peor emergencia climática de los últimos 100 años y que todavía subsiste en muchas zonas del país".