Veintinueve agentes de policía fueron separados de la fuerza por una causa federal por presunto fraude a la administración pública. La causa viene del 2003 y están acusados de cobrar ilegalmente Planes Jefes de Hogar durante 6 meses, paralelamente a sus sueldos de policías. El procesamiento en su contra ya quedó firme (sin prisión preventiva) y ya se pidió la elevación del caso a juicio.
Desde la semana pasada, estos 29 agentes empezaron a ser notificados que quedaban en situación de "pasiva" y debían entregar sus respectivas armas y credenciales, reveló una fuente de la fuerza. Es decir, dejaban de prestar servicios y a partir del mes que viene comenzarán a percibir solo el 50 por ciento del sueldo, tal como lo establece la reglamentación internada. Esto, después de que llegó a la Policía la notificación de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificó el procesamiento contra todos ellos, dictado en primera instancia por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal Nº2 de San Juan.
Es que los abogados defensores de los 29 imputados habían apelado el procesamiento, pero los jueces mendocinos tiraron por tierra sus chances. Con esto dieron por terminada la etapa de instrucción, de hecho la fiscal federal subrogante Silvina Godoy de Susso pidió la elevación a juicio contra estos agentes de policías -7 son mujeres- de entre 28 y 41 años acusados de fraude en perjuicio de la administración pública. El delito tiene penas de 1 a 6 años de prisión.
Según la causa, todos ellos hicieron el curso de ingreso a la policía en el 2001, pero al finalizar quedaron a la espera del nombramiento, sin cumplir funciones ni cobrar. Como a principio del 2002 se implementaron los Planes Jefes y Jefas de Hogar por la crisis, cada uno por su lado solicitó el beneficio. En ese momento eran desocupados. Fue así que comenzaron a cobrar los planes de 150 pesos, algunos en abril, otros en mayo y junio.
De acuerdo a la investigación, coincidentemente en junio de ese año todos fueron convocados por la Policía y les notificaron que habían salido sus nombramientos como agentes, con la condición de que durante un año iban a cobrar la mitad del sueldo. Todos aceptaron y comenzaron a trabajar en la policía.
Según la acusación, la irregularidad se cometió cuando ellos, sabiendo que habían sido nombrados, siguieron cobrando el beneficio social de manera simultánea al sueldo de empleados públicos. En promedio habrían cobrado entre julio del 2002 a enero del 2003, indicó una fuente judicial. Y se descubrió por una investigación del fiscal Guillermo Marijuan, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Seguridad Social, quien a través del entrecruzamiento de datos en la ANSES detectó este tipo de irregularidades en varias provincias. Al saltar el caso de los policías sanjuaninos, remitió la actuaciones al juez Rago Gallo para que abriera la investigación.
En la causa, algunos imputados declararon que en su momento consultaron en las oficinas públicas sobre la posible incompatibilidad y les dijeron que siguieran cobrando hasta que fueran dados de baja automáticamente a partir de que figuraran sus aportes como policías. Otros sostuvieron que presentaron la renuncia al beneficio, pero no se las recibieron. Para los investigadores, no existiría constancia de que los agentes quisieron poner fin a esta situación y continuaron cobrando, concientes de la irregularidad, por eso los acusan de una maniobra delictiva. Si bien pidieron la elevación a juicio, el abogado Martín Zuleta y otros, que defienden a los policías, preparan sus escritos para oponerse a la medida.