Los españoles iniciaron ayer su séptimo día de protestas por el alto desempleo y las medidas de austeridad en el país, desafiando una prohibición de las manifestaciones en el día previo a las elecciones municipales y autonómicas.
Pero la llamada jornada de reflexión antes de los comicios, en la cual los eventos políticos están vetados, transcurría en calma, con acampadas de protesta en varias ciudades del país pese a la orden del organismo electoral español.
"Protesto porque no tengo un futuro laboral en España aunque he terminado la carrera de turismo", dijo en la Puerta del Sol Inma Moreno, de 25 años. "Esto debería hacer que los políticos se dieran cuenta de que algo no está bien", afirmó. Testigos estimaron que, pese al veto, al menos unas 20.000 personas se congregaron en la principal plaza de Madrid.
El denominado "movimiento 15-M" de "los indignados", que se aglutinó a través de internet, reclama reformas en un país que sigue sufriendo los efectos de la crisis económica, con el índice de desempleo más elevado de la Unión Europea: uno de cada cinco trabajadores no tiene empleo. La cifra llega al 45% entre los jóvenes.
Unos 35 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a los alcaldes y concejales de unos 8.000 municipios y a los miembros de los parlamentos regionales de 13 de las 17 comunidades autónomas, todas menos Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco.
Las elecciones, marcadas por la grave crisis económica que vive el país y su proximidad a los comicios generales de marzo de 2012, servirán de termómetro para medir el desgaste del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero, mientras las encuestas pronostican una amplia victoria del opositor Partido Popular (PP).