�Hasta anoche continuaban detenidos no sólo la mamá de la beba, sino también los hermanos Carolina y Javier Castro, quienes pretendían quedarse con la menor. Se espera que en los próximos días presten declaración indagatoria en el Cuarto Juzgado de Instrucción. El juez Martín Heredia Zaldo, en principio, analiza imputarles el delito de supresión de estado civil, fijado entre los artículos 138 y 139 del Código Penal. Uno de esos artículos prevé una pena de 1 a 4 años de prisión ‘al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro’. Ese castigo puede ser de 2 a 6 años en el caso de que ‘hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare’. Fuentes de la investigación explicaron que en este caso no hubo una venta, pues habría existido un consentimiento de ambas partes para la entrega voluntaria de la criatura, ya que la chica habría dicho que no podía mantenerla. El dinero supuestamente fue dado en forma de ayuda.
