El Ministerio Público Fiscal solicitó que el exfiscal Federal Juan Carlos Yannello vaya a juicio oral y público acusado de graves delitos de lesa humanidad por no haber actuado como le correspondía en su carácter de funcionario judicial ante violaciones a los derechos humanos que denunciaban las víctimas de la represión militar. Ahora la palabra la tiene el juez mendocino Walter Bento, que debe ordenar la clausura de la instrucción de la causa y disponer la elevación para que comiencen los debates, según informaron fuentes judiciales.
A Yannello le imputan no haber impulsado, como le corresponde a un fiscal, las denuncias que le hacían las víctimas de la dictadura cuando eran llevadas a declarar al Juzgado Federal, incluso muchas de ellas encapuchadas y con evidentes signos de haber sido sometidas a torturas. Además, algunas víctimas declararon que le expusieron en persona los abusos de la mano militar y que no hizo nada.
Entre los delitos que le atribuyen al exfiscal se encuentran los de presunto partícipe de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación de las víctimas.
El planteo fue realizado por la fiscal ad hoc Gema Guillén y por Dante Vega, de la Oficina de Asistencia en Causas por Violaciones de Derechos Humanos, de Mendoza.
Entre los argumentos expresados en el planto se señala que Yannello no dio curso a las denuncias o a la noticia de los hechos de evidente comisión de delitos y no investigar. “El rechazo a toda forma de investigación llevó a que los ejecutores del ataque a la población se sintieran y fueran impunes. La consecuente falta de limitación alguna por parte de la administración de justicia tuvo el efecto comunicativo de la actuación omnipotente de las fuerzas de seguridad en ese contexto”, señala un párrafo del texto de la presentación a la que tuvo acceso este diario.
En la actualidad, el exfuncionario judicial se encuentra con el beneficio de la prisión domiciliaria en su domicilio de la calle General Acha y con custodia policial permanente para evitar que se desplace sin la autorización del juez mendocino Bento.