Cuesta entender la burocracia de la asistencia social tanto como la interpretación judicial para resolver el sonado caso de la bebé supuestamente entregada por su madre a terceros, a cambio de una suma monetaria, urgida por el estado de necesidad de una mujer golpeada por el destino. La imputación notificada en el Cuarto Juzgado de Instrucción a la joven madre y a las dos personas involucradas en la investigación judicial por los presuntos delitos de supresión de estado civil y de falsificación de documento público, delitos excarcelables, tiene a la vez como víctimas reales a niños dispersos por la custodia del Estado.
De acuerdo a una decisión de la Dirección de la Niñez, la tenencia de las dos hijas de la mujer detenida pasarán a manos de familiares: la bebé a una hermana y la nena de 5 años con tíos que ya tienen la custodia de otros hermanitos de 3 y 2 años respectivamente. Es decir, por ahora la custodia de los hijos no la va a tener la mamá, hasta tanto se resuelva la situación judicial, aunque podrá verlos, mientras falta resolver los graves problemas habitacionales y de manutención del grupo careciente.
Los psicólogos podrán decir cuales son las secuelas traumática que tendrán estos niños, manipulados por la Justicia y Desarrollo Social y en poder de familiares casi tan pobres como la denunciada. En tanto el sentido común sigue marginado porque no se contempla la supresión de familia, que podría resolverla el organismo oficial uniendo a todos en un módulo habitacional, proveyendo la alimentación y haciendo un seguimiento puntual a la madre con prisión domiciliaria en el lugar. Por el bien de los niños, porque ya se sabe las consecuencia de las sustituciones forzadas.