La investigación para determinar si se cometieron o no delitos fraudulentos durante la gestión de los 8 ex directivos de la Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan, que denunciaron por estafa al ingeniero Raúl Tellechea dos días después de su desaparición el 28 de setiembre de 2004, podría quedar en nada. O, técnicamente, en el archivo. Un juez ya había sobreseído a Tellechea de la acusación de esos dirigentes: cometer fraude con un pago de sobresueldos a su favor. Y ayer se supo que un tribunal rechazó la apelación de los abogados de la mutual en contra del sobreseimiento de los ex directivos por supuesta administración fraudulenta en esa entidad, dijeron fuentes judiciales.

¿Por qué el rechazo? por un vicio formal. Según las fuentes, el fiscal Gustavo Manini opinó ante los jueces de la Sala I de la Cámara Penal, que esa apelación fue incorrectamente concedida en primera instancia, porque para actuar como parte querellante en un proceso penal hacía falta un poder especial de la mutual a favor de sus abogados, es decir un escrito en el que concretamente se especifique que fueron designados para actuar en esa causa por supuesto fraude iniciada tras la desaparición de Tellechea. Y ese escrito por ahora no está en el expediente, precisaron las fuentes.

En consecuencia, los magistrados Raúl José Iglesias y Arturo Velert Frau resolvieron adherir al planteo fiscal. Ahora la mutual tiene 10 días hábiles para analizar el fallo de los magistrados y decidir si piden o no a la Corte de Justicia que lo revise aunque -según las fuentes- sus posibilidades estarían acotadas si no existe ese poder especial.

Y así, la justicia ya no podría determinar si hubo o no presuntos manejos irregulares con la plata de la mutual. Porque Tellechea ya fue sobreseído de la acusación que pesaba en su contra y por la que incluso al principio se llegó a ordenar su captura. Y porque también fueron sobreseídos los ex directivos Luis Moyano y Miguel Del Castillo (ex presidentes), Eduardo Oro (secretario), Eduardo Luis Alonso (tesorero) y los ex integrantes de la junta fiscalizadora hasta octubre de 2005, Jorge Ruíz, Roberto Pérez, Delfín Lozano y Salvador Grégori. Un juez consideró que actuaron de manera negligente pero no delictiva.