La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza revocó la decisión del juez federal Leopoldo Rago Gallo de no intervenir en la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, ocurrida el 28 de setiembre de 2004. El tribunal mendocino estableció que la justicia federal local sí es competente para analizar la denuncia de los hijos del profesional como un caso de ‘desaparición forzada de persona’ en la que -según los denunciantes- podrían estar implicados cuatro ex directivos de la mutual de la universidad nacional en la que trabajaba su papá: Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso.
Así lo informó ayer Mauricio Tellechea y el abogado que los patrocina, Conrado Suárez Jofré. ‘Tenemos la esperanza de que a partir de ahora se trate de otro modo la causa, con más independencia’, dijo Mauricio.
‘En mayo del año pasado se introdujo en el Código Penal la figura de la desaparición forzada que prevé la competencia federal (…) afortunadamente así lo entendió el tribunal en Mendoza. Ahora debemos esperar que la fiscalía pida la instrucción formal de la denuncia y, si así se hace, todo lo actuado en la Justicia provincial pasará al ámbito federal porque no puede haber dos investigaciones paralelas por el mismo hecho’, precisó ayer Suárez Jofré.
El pedido de investigación del caso en la justicia federal, había sido concretado por los hijos de Tellechea el pasado 28 de setiembre, justo el día del séptimo año sin respuestas sobre el caso. Ese mismo día hicieron público por enésima vez su descontento con los resultados de la investigación encarados por la justicia y la policía provincial.
Es más, dudaron de la imparcialidad de esos investigadores a quienes creyeron influenciados por los denunciados: ‘Hay que tener en cuenta que a la gente a la que le estamos apuntando (Moyano, Del Castillo, Oro y Alonso), pertenece al poder político de la provincia. Algunas de estas personas en estos siete años no dejaron de tener un cargo dentro de la política y es como que han entorpecido la investigación. Pedimos salir de esa esfera (la provincial) porque creemos que está todo estancado’, dijo Gonzalo Tellechea. Aquella vez también denunciaron al Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.