Cuando faltan apenas dos días de actividad en diciembre en la Justicia Federal, por los asuetos de fin de año, y a punto de comenzar la feria judicial de verano, no hay avances en la investigación por la caída del helicóptero de la provincia que está en manos del juez Leopoldo Rago Gallo, según confirmaron fuentes judiciales. Para progresar, falta un informe clave de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), que tiene 6 meses de plazo para dar a conocer sus resultados.
El 11 de octubre tuvo lugar el fatal accidente que provocó el fallecimiento de la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol y dejó malherido al gobernador José Luis Gioja. Por el hecho, la Justicia Federal abrió de inmediato una causa penal para determinar los motivos y eventuales responsables, pero todavía no hay novedades. La razón principal es que hasta el momento no está terminado el informe de la JIAAC, que es clave para ayudar a saber en qué circunstancias se vino abajo el helicóptero de la Gobernación.
En la página oficial del organismo, encargado de determinar las causas de los accidentes aéreos (ver aparte), sólo se dio a conocer un informe preliminar en el que consigna “Pérdida de control en el despegue e impacto contra un obstáculo‘. Además figuran los datos identificatorios del aparato siniestrado, que se trató del helicóptero marca Bell, modelo B-407, matrícula LQ-BHT.
Al otro día de la caída del aparato, llegó a San Juan un equipo del organismo, integrado por 6 técnicos especialistas en accidentes aéreos, que se trasladaron a Valle Fértil para inspeccionar la zona del desastre aéreo.
Como consecuencia del accidente, y por tratarse de un hecho vinculado a la aeronavegación, tal cual lo establece el Código Aeronáutico, tomó intervención la Justicia Federal y no un juez de los tribunales sanjuaninos. La causa está caratulada como “Averiguación por accidente” y si bien todavía el magistrado no le ha apuntado a nadie, el que está en la mira es el piloto Aníbal Touris, a quien le pueden llegar a imputar del delito de homicidio culposo, es decir que no tuvo intenciones de matar, porque el siniestro le costó la vida a la diputada Ferrá de Bartol. Pero como falta el informe, el magistrado todavía no le ha tomado declaración.
Según fuentes del caso, la investigación deberá determinar si la aeronave estaba habilitada, si hubo error humano, una falla mecánica o, incluso, si se trató de un sabotaje.
