La fiscal de Instrucción María Teresa Ravetti pidió ayer indagar por los presuntos delitos de falsificación de documento público y fraude al joven que, se sospecha, adulteró el título secundario aprobado de su mujer para presentarlo con su nombre en la policía y así hacer el curso y ser nombrado como agente, hecho que se hizo legal el 30 de marzo pasado por expediente 206093/10. Fuentes judiciales aseguraron que además la fiscal pidió indagar por la escandalosa maniobra a una escribana que dio fe, con sello y firma, que el certificado analítico que le exhibió el sospechoso era copia fiel del original.

Los pedidos de indagatorias fueron los puntos más salientes de un amplio pedido de investigación realizado ayer por la fiscal ante el juez del caso, Agustín Lanciani. Y se concretaron un día después de que el ministro de Gobierno, Emilio Fernández, hiciera público que se habían detectado "algunos" casos (serían una docena) entre los últimos 284 agentes nombrados, que habían falsificado el título secundario para ingresar a la fuerza. La denuncia policial, con contundentes pruebas, se había concretado el martes en la noche.

El hecho -trascendió ayer- había sido descubierto la semana pasada luego de que el jefe de policía, comisario general (RE) Miguel González, ordenara como lo hace luego de cada nombramiento, un chequeo de rutina en los documentos de los legajos personales de nuevos miembros de la fuerza.

En ese chequeo saltaron a la vista algunas anomalías en firmas y sellos en varios títulos, especialmente el presentado por un agente de apellido Alvarez, que fue destinado a Bomberos. Entonces se resolvió pedir informes al Ministerio de Educación sobre la numeración de ese certificado analítico y allí se supo que no pertenecía a Alvarez si no a una mujer, que resultó ser su pareja y que sería además quien solicitó a Educación al menos una copia de ese documento el año pasado, precisaron las fuentes.

En la Justicia analizan ahora con detenimiento si cabe responsabilizar o no por la maniobra a la mujer del policía. Este diario intentó ayer conocer la versión de Alvarez pero en su casa y en la de su suegra en Rawson, dijeron que no estaba.

Fuentes judiciales dijeron que la otra sospechosa es una escribana de apellido Donchesco, que trabaja como adscripta en una renombrada escribanía céntrica. Según las fuentes, para la fiscal no hay dudas de que pudo cometer un delito al dar fe de algo que no era cierto.

La actuación sospechosa de esta escribana es el principal argumento defensivo usado en la policía, por lo bajo, a la hora de explicar que no hubo fallas en los controles iniciales realizados por la fuerza a los aspirantes a ingresar al curso de agentes. De todos modos, en la misma policía admiten que de no ser por ese segundo chequeo hubieran habilitado a usar armas y actuar en nombre de la ley a personas que jamás debieron ingresar.

Ayer se supo que al agente Alvarez (tendría los día contados) y a otra agente con destino en Tránsito les quitaron sus armas reglamentarias preventivamente, hasta que se resuelva la investigación interna para saber si seguirán o no en la institución. Al menos hasta ayer seguían trabajando, dijeron fuentes policiales.

En las próximas horas esperan más confirmaciones de presuntas falsificaciones desde Educación para sumarlas como pruebas en la investigación por el escandaloso caso.