El Congreso nacional dio durante la semana el primer paso para sumar una nueva herramienta en la lucha por combatir o paliar el trabajo no registrado o en negro que, según datos oficiales del Indec del segundo trimestre de 2014, alcanza al 33,1% de los trabajadores en Argentina. Con apoyo unánime de los legisladores, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado un proyecto de ley del diputado Héctor Recalde (Frente para la Victoria) para que los trabajadores no registrados que hayan sido despedidos puedan recibir el subsidio por desempleo que cobran los trabajadores registrados.

El plenario de la Cámara dio el visto bueno a la iniciativa elaborada por el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo sin debate previo con el ánimo de que el proyecto se convierta en ley rápidamente. Se descuenta que el Senado lo convertirá en ley con la misma contundencia de la Cámara Baja.

‘Lo que proponemos en la iniciativa es que el trabajador no registrado que fuera despedido vaya a la Anses, realice una información sumaria bajo declaración jurada probando liminarmente que estuvo trabajando en un lugar y que después fue despedido, para que entonces se le pague el subsidio por desempleo que percibe el trabajador que estaba en blanco‘, señaló el diputado kirchnerista.

El proyecto, modificatorio de la Ley Nacional de Empleo, establece que ‘salvo prueba fehaciente de la remuneración del trabajador, a los efectos del monto del subsidio se tomará como ingreso del trabajador el importe del salario mínimo, vital y móvil‘.

Recalde explicó que ‘el trabajo no registrado tiene gravísimas consecuencias para el trabajador víctima de este delito civil, como el hecho de que el ingreso se reduce aproximadamente a la mitad de lo que percibe su compañero correctamente registrado y de que carece de las prestaciones de la obra social‘Además, agregó, que ‘no tiene protección inmediata ante un accidente de trabajo y tiene virtual imposibilidad para efectuar cualquier compra a crédito, ya que no posee duplicado de recibo de haberes‘.

Más control para el Estado:

Entre los aspectos positivos de su proyecto, Recalde destacó que ‘implica para el Estado una mejor posibilidad de control de la evasión incita en la contratación en negro ya que el trabajador está informando acerca de la existencia de un establecimiento o empresa donde podría existir trabajo no registrado‘. ‘Así, se convierte, entonces, en una suerte de ’inspector de trabajo’ facilitando el control por parte de las autoridades, ayudando a corregir lo que hoy constituye un déficit estructural del Estado, como lo es controlar la aplicación y el cumplimiento de la legislación laboral‘, expresó.

Para Recalde, ‘parece obvio señalar las dificultades del trabajador para denunciar esta ilegalidad, vigente la relación laboral, por el temor al despido como represalia‘.

Otro beneficio que simultáneamente se instituye con este proyecto de ley es que ‘opera como un verdadero disuasivo de la contratación ’en negro’, precisamente por el nivel de exposición de la resolución legal que se experimenta en el curso del despido del trabajador no registrado‘, explicó Recalde. También apuntó a desterrar una creencia sobre los trabajadores no registrados: ‘Una de las formas de combatir el derecho a la información que poseen los trabajadores consiste en sostener que ’Los trabajadores en negro no tienen derechos’; tratándose de una patología en la que incurren muchos, tanto intencionalmente como por error‘. El trabajador informal, aseveró Recalde, ‘posee los mismos derechos que el trabajador en blanco en su casi totalidad. Es más: por la ley 24.013 el trabajador en negro que tiene dificultades de probar que está desarrollando tareas en esa condición, una vez vencido ese obstáculo y si prueba que trabajaba en negro, posee mayores derechos que el trabajador en blanco‘.