La Subsecretaría de Trabajo de la provincia declaró ayer la ilegalidad de las asambleas realizadas los días 9, 10 y 13 de enero por el Sindicato Médico por considerar que fueron paros parciales que afectaron un servicio esencial, como es la atención de la salud. Por eso dispuso realizar dos acciones, la primera instruir al Departamento Jurídico del organismo para que dictamine si corresponde cobrarle una multa, que va de los 1.000 a los 5.000 pesos por trabajador que adhirió a la medida de fuerza. Y la segunda fue comunicar al Ministerio de Trabajo de la Nación para que decida si corresponde quitarle la personería a la institución.
Desde el Sindicato Médico, su secretario general, Daniel Sanna, dijo que se avanzar con las sanciones será “violatorio de la ley” y no descartó continuar con esa modalidad de reuniones. “Lo vamos a ver porque hay que evaluar las acciones a seguir”, sostuvo el dirigente.
Las sanciones tienen lugar cuando hay un canal de negociación abierto con el Gobierno provincial y está previsto que esta tarde, a las 17, en el Ministerio de Hacienda, el titular del área, Francisco Alcoba, reciba a los representantes sindicales para avanzar en la discusión de mejoras salariales. Fuentes oficiales no quisieron adelantar ayer si habrá una oferta o no. Será el segundo encuentro con los gremialistas del sector de la salud porque el martes 7 de enero, en Casa de Gobierno, ya hubo una reunión en la que participaron el vicegobernador Sergio Uñac, a cargo del Ejecutivo, el ministro Alcoba y el titular de la cartera de Salud Pública, Oscar Balverdi. Al término de ese encuentro los gremialistas salieron molestos porque esperaban una propuesta de mejora salarial, que no la hubo. Y por eso comenzaron con las asambleas en los hospitales públicos, en particular en el Rawson y en el Marcial Quiroga, que ahora el área laboral quiere sancionar.
La resolución de la Subsecretaría de Trabajo, que lleva la firma de su titular, Roberto Correa Esbry, tiene en cuenta al menos 3 asambleas de trabajadores de los centros asistenciales convocadas por el Sindicato Médico en las que los profesionales de la salud decidieron, por ejemplo, realizar un paro por 72 horas las próxima semana (ver aparte).
El problema es que durante esas asambleas, que duran en promedio de 2 a 3 horas, a partir de las 8, queda resentida la atención de los pacientes, tanto en el área de consultorios externos como de los internados, se demoran las cirugías y los estudios médicos. Por eso el organismo laboral consideró que se trata de “paros parciales” que afectan la prestación del servicio de salud. Y tuvo en cuenta que la salud es un servicio público esencial “sometido a la reglamentación y restricción del derecho de huelga, previsto en el ordenamiento jurídico, por lo que toda medida de naturaleza sindical se debe realizar sin entorpecer la normal prestación máxime en aquellos servicios que ponen en juego la vida, la salud y la integridad física de la población”. Además consideró que para avanzar con las sanciones “el criterio determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”.
Las normas transgredidas, según el área laboral, son el artículo 14 del decreto 272, del 2006, que castiga la interrupción total o parcial de la prestación de los servicios considerados como esenciales. El artículo 24 de la Ley 25877 define como esenciales “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”. Y tiene en cuenta que con la interrupción de la actividad, “la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”.
En este caso se trata del servicio de salud que, a entender por el organismo laboral, no se está prestando en forma adecuada y pone en riesgo la vida de los enfermos.
Como antecedente de una multa al Sindicato Médico, cabe citar que, a pedido de la misma subsecretaría, por un paro de la salud en el 2012, está en proceso de ejecución una sanción a la misma organización gremial por 120.000 pesos, que ahora la debe cobrar la Fiscalía de Estado.