El Barómetro Global 2013, publicado por Transparencia Internacional, mide una percepción que no es necesariamente un análisis profundo de la corrupción en los últimos dos años en el continente. El 72% considera que aumentó en el país, frente al 19% que estima que sigue igual y sólo un 9% afirma que se redujo. Pese a algunos avances en la región, Argentina es el segundo país cuyo gobierno es visto como menos efectivo a la hora de luchar contra la corrupción. En ese podio, figuran Argentina, Paraguay.
En el análisis no se toman en cuenta algunas particularidades que afloran en tiempos especiales o en determinadas circunstancias, pero en general la situación ha empeorado y también los porcentajes responden también al tamaño de su problemática política, según la cercanía de procesos electorales, reclamos sectoriales o de inestabilidad social.
El 80% de los encuestados consideró que los ciudadanos pueden hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción, el 88% denunciaría incidentes de ese tipo y, con distintos niveles de participación, se involucraría de manera concreta para combatirla. Para eso, el desafío pasa por desarrollar e impulsar canales idóneos, cuando los partidos políticos, los funcionarios públicos, el Congreso, la policía y el Poder Judicial figuran al tope de las instituciones que más atención requieren en la lucha contra este flagelo. Les siguen, por orden decreciente, el empresariado, los medios, los credos, los militares, los servicios médicos y de salud, el sistema educativo y, como lo más respetado, las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Lejos de mejorar durante los últimos años, sin embargo, los índices muestran un agravamiento en la región. En el anterior informe (2010-2011), el 60% percibió un aumento de corrupción; el 24% la estimaba estable y 16% vio una mejoría. Por el contrario, los países con índices menos preocupantes son Uruguay, Perú y Canadá. Este panorama exige un verdadero compromiso de las autoridades y de los ciudadanos. Se necesitan leyes más estrictas, un Poder Judicial realmente independiente y, especialmente, terminar con la impunidad, castigando efectivamente a los culpables.
Un Estado ausente, protagonista y cómplice en la transgresión de la ley, se corresponde con una sociedad permisiva y distraída, que cada día y en los hechos acepta vivir dentro de esa indiferencia, no importando las terribles consecuencias que implica.